La Fiscalía de Asturias tramitó el año pasado una media de 50 denuncias al mes (591 en el conjunto del ejercicio). De ellas, se archivaron más de la mitad (el 52,6 por ciento) sin llegar al Juzgado "porque los hechos no tenían relevancia penal", explicó la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández. En algunos casos, la causa del archivo radica en que la denuncia está plasmada en escritos ininteligibles o hechos extravagantes. Un ejemplo: el caso de una persona que sostenía que un vecino le controlaba el cerebro "por el microondas".
Ya en el terreno de lo serio, la Fiscal Superior subrayó que "la transparencia es total" en la comunicación del Gobierno asturiano sobre las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus. Esther Fernández precisó que el departamento que dirige no ha detectado "ninguna irregularidad" en la actuación en los centros públicos y privados de la comunidad. Eso sí, reconoció que, por limitaciones derivadas del proceso pandémico, las inspecciones periódicas tuvieron que dejar de ser presenciales, pese a lo cual se ha mantenido un "control exhaustivo". En el momento actual, solo está abierta una investigación sobre el Instituto Gerontológico Astur, antigua residencia geriátrica El Carmen, de Gijón.
Ante la posibilidad de que haya familias que no lleven a los menores a los colegios alegando miedo el virus, la Fiscal Superior advirtió de que ante situaciones de absentismo escolar no justificado, "se actuará en consecuencia y se incoarán diligencias".
