La pandemia de coronavirus está teniendo repercusiones diversas sobre la plantilla de la sanidad pública de Asturias. Una de ellas es que una cifra apreciable de trabajadores veteranos ha decidido poner fin a su carrera y acogerse a la jubilación anticipada. Por otro lado, y ante la escasez de personal que afecta a buena parte de las categorías sanitarias, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) está concediendo la mayor parte de las prórrogas que solicitan los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación (65 años) y desean seguir en activo.
Según ha podido saber este periódico, las peticiones de jubilación anticipada apenas se dan entre médicos; se centran en el resto de colectivos sanitarios. ¿Cuál es la causa? Según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, se trata principalmente de enfermeras, auxiliares y celadores, y el motivo de fondo que les mueve no es el temor al virus ni el endurecimiento del trabajo cotidiano. La razón que más predomina es que temen que, en los años venideros, y debido a la crisis económica global, empeoren las condiciones de jubilación que se les ofrecen en la actualidad. Por eso prefieren agarrarse a lo que ahora tienen a mano.
Entre tanto, el Sespa está respondiendo de manera afirmativa a la mayor parte de solicitudes de continuar en activo que formula el personal sanitario que cumple 65 años, edad teórica de jubilación. Gran parte de estas peticiones son formuladas por médicos. En este ámbito, las cosas han cambiado mucho. Fue en 2009 cuando el Gobierno regional adelantó la edad de jubilación forzosa del personal sanitario de 70 a 65 años. Esta medida fue recibida de uñas por los médicos, colectivo que puede perder entre 2.000 y 3.000 euros mensuales al pasar al retiro. Por eso, lo habitual hasta aquel momento era que los facultativos llevaran su trayectoria laboral hasta los 70 años de forma voluntaria, en clara oposición a lo que suele preferir una mayoría de la población trabajadora.
Durante los primeros años de vigencia de la norma, el Sespa apenas hizo excepciones: casi todos los médicos de su plantilla se fueron a casa -o a la sanidad privada, en algunos casos- al cumplir 65. Más tarde, la escasez de profesionales, particularmente en algunas especialidades, obligó al Servicio de Salud a hacer excepciones y a otorgar continuidades. Y en los últimos tiempos la norma general ha pasado a ser la concesión de prórroga a la mayor parte de los que la piden, hasta la edad tope de 70 años, a la que la jubilación ya es forzosa (salvo para el personal encuadrado en el régimen laboral).
