Los ayuntamientos y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar recibieron la autorización de 14.754 beneficiarios del salario social para pasar a percibir el ingreso mínimo vital, lo que representa el 66% del total. Así lo explicó ayer el Principado tras hacer balance de un proceso que comenzó el 15 de junio y concluyó el 17 de agosto. De facto, el paso dado por estas familias supone que el Gobierno central gestione directamente su solicitud de la renta estatal.
El procedimiento, destaca el Principado, "ha evitado a los usuarios cargas burocráticas, tal y como se había comprometido meses atrás la consejera Melania Álvarez". Los perceptores que no han dado su consentimiento en este período tendrán que realizar la tramitación a título particular en los canales habilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El Gobierno del Principado "trabaja intensamente" para enviar antes del 15 de septiembre el fichero con los datos de los expedientes "que cumplan los requisitos requeridos por el INSS". Pretenden así cumplir con el plazo otorgado por el gobierno estatal para que las solicitudes sean aceptadas y se tramiten con efecto retroactivo de 1 de junio. La Administración central dispone de tres meses para resolver los expedientes. Álvarez recalcó que las personas que cobran el salario social seguirán percibiéndolo hasta que se resuelvan sus solicitudes. Además, si la cuantía que se les reconociera en la prestación nacional fuese inferior a la autonómica, se les garantizará que alcancen el importe del salario social.
