¿La muerte de Paz Fernández Borrego fue un homicidio o un asesinato? Esta es la pregunta a la que deberán responder a partir de este lunes, día 14, las nueve personas que compondrán el jurado popular para esclarecer la muerte violenta que sufrió esta gijonesa de 43 años, madre de dos hijos, en febrero de 2018 y cuyo cuerpo sin vida apareció en el embalse de Arbón casi un mes después. Las teorías para contestar a esta incógnita son múltiples, desde que Javier Ledo Ovide, que desde entonces cumple prisión preventiva en la cárcel leonesa de Mansilla de Las Mulas, actuó de forma premeditada hasta que todo fue producto de un accidente tras una discusión por el robo de un sobre con dinero, como sostiene la defensa. Las penas que, de inicio, solicitan van desde los 25 años que exigen los familiares de la víctima, hasta la libre absolución, pasando por los 15 años que acierta a pedir la Fiscalía y Abogacía del Estado. El juicio, que se prolongará durante una semana, se desarrollará además en medio de las movilizaciones de colectivos feministas, que llevan días presionando con concentraciones -este lunes tienen cita a las puertas del Palacio de Justicia de Gijón y han empapelado la ciudad con sus proclamas- para exigir que el veredicto concluya que este caso fue un asesinato. A ellas se sumó ayer el Consejo de Mujeres de Gijón para exigir la misma condena. Luis Ortiz será el magistrado-presidente en la vista oral, que será en audiencia pública.
En poco coinciden las cinco partes implicadas en el procedimiento -Fiscalía, Abogacía del Estado, dos acusaciones particulares (los hijos y las hermanas y madre de la víctima) y defensa- pero sí en que los hechos arrancan con la llegada de Paz Fernández a Navia el 13 de febrero de 2018, alojándose en la pensión San Francisco. Poco tiempo después víctima y acusado, que habían mantenido una relación sentimental hasta dos años antes, se encontraron en un bar de la zona -el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón concluyó en su instrucción que ella había perdido alrededor de 100 euros en las máquinas tragaperras- que acabó con la invitación de Ledo a cenar a su casa. A partir de las 22.15 horas ya estaban juntos en la vivienda de éste. Todo iba bien hasta -y aquí comienzan las versiones distinas- una discusión por dinero motivó la agresión que acabó con la vida de Paz Fernández Borrego.
La defensa de Javier Ledo sostiene que el acusado tenía en la cocina un sobre con 500 euros, y que fue a por 100 euros para salir a tomar algo, pero tras un entrar y salir se percató de que el sobre estaba vacío. Tras discutir con ella, Paz trató de huir y se cayó por las escaleras, golpeándose en la cabeza y muriendo en el acto. Ledo sostiene que no avisó a nadie y se deshizo del cadáver -lo tiró al arroyo de la Pontiga- por temor a que le culpasen de lo ocurrido y le impidiesen ver a su hijo. La defensa aboga por la libre absolución, o, subsidiariamente, un delito leve de homicidio por imprudencia -184 euros de multa- o delito grave, a condenar con tres meses de prisión.
La versión del fiscal, en cambio, coincide hasta el robo del dinero, pero asegura que, entonces, Ledo cogió un rodillo de cocina y golpeó con él a su víctima, que, aturdida, trató de huir por las escaleras a la planta de abajo. Fue ahí cuando el procesado cogió una piedra de grandes dimensiones que tenía en esa misma escalera para golpear con fuerza y repetidamente en la cabeza a Paz Fernández, a la que causó un traumatismo craneoencefálico incompatible con la vida. Además, incluye en su escrito inicial que recibió un mensaje en su Whatsapp que despertó los celos de Javier Ledo para así justificar la agravante de desprecio de género. En esa línea va la Abogacía del Estado. La asociación de Abogadas para la Igualdad, que llegó a personarse como acusación popular, se retiró a media instrucción. Las acusaciones particulares, en cambio, apuestan por el asesinato con alevosía y desprecio de género. Coinciden en solicitar una condena de 25 años de cárcel y el pago de indemnizaciones a la familia -hijos por un lado, y madre y hermanas por otro- de 100.000 euros para cada hijo y de 130.00 euros para la otra rama familiar.
A lo largo de esta semana desfilarán por el juzgado los agentes de la Guardia Civil que investigaron el crimen, forenses y peritos además de testigos y el propio acusado.
