El rechazo del Congreso de los Diputados al decreto del Gobierno sobre el uso de los ahorros municipales ha desatado un agrio enfrentamiento entre el PSOE y el PP, que andan a la gresca, acusándose mutuamente de perjudicar a los ayuntamientos. Un resumen telegráfico de las declaraciones de ayer sobre las remanentes, que han incrementado notablemente la tensión política en la región, comenzaría con el PSOE, que cifró en 100 millones de euros el impacto para los ayuntamientos asturianos por el rechazo de toda la oposición en el Congreso al decreto gubernamental sobre los remanentes municipales, y continuaría con el PP, que se atribuyó haber evitado "que se robe dinero a los ayuntamientos".

Abrió el fuego Iván Fernández, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA), quien aportó esa cifra de 100 millones al referirse al perjuicio a los ayuntamientos por el rechazo al acuerdo que habían alcanzado el Gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales.

Fernández calificó de "gravísimo" para Asturias que queden bloqueados esos 100 millones de euros, "que podrían movilizarse de manera inmediata para impulsar obras, proyectos e inversiones que generarían empleo en un momento marcado por la pandemia". Responsabilizó de estos supuestos males al PP, a cuyos dirigentes pidió que miren "a la cara a los ciudadanos" y que les expliquen por qué han votado en contra de un decreto que permitiría "impulsar inversiones y crear empleo". "Parece que el PP sólo está para oponerse a todo lo que haga el Gobierno de Pedro Sánchez", añadió Fernández, quien resaltó que el PP ganó una votación, "pero hemos perdido los asturianos".

La respuesta del PP llegó por partida triple. En primer lugar, la portavoz parlamentaria, Teresa Mallada, opinó que lo que hizo el PP fue "evitar que se robe el dinero de los ayuntamientos y que el PSOE meta la mano en todos los millones que los municipios han ido atesorando". E instó a la FSA que pida explicaciones "a todos y cada uno de sus alcaldes socialistas, a ver si están de acuerdo con que Pedro Sánchez les robe su dinero". Los populares acusaron a la FSA de "anteponer las consignas del partido a los intereses de los asturianos".

El diputado del PP Pablo González resaltó por su parte que no quiere para los ayuntamientos asturianos los 100 millones que citó la FSA, sino los 241 millones que tendrían "si el Gobierno central decretase la excepción a la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria". Y resaltó el "fracaso estrepitoso" de Pedro Sánchez, por la derrota en el Congreso, primera de este gobierno y quinta de la democracia.

El secretario general del PP de Oviedo y concejal de Economía, Javier Cuesta, finalmente, acusó a la FSA de "defender lo indefendible"; recordó que el decreto de las remanentes fue rechazado en bloque por toda la oposición, "incluidos socios del Gobierno", y pidió al PSOE que acepte "democráticamente" el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados y lo pactado en mayo por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): "liberar el uso de los remanentes para que cada municipio destine el dinero a lo que necesite", porque los ayuntamientos "no somos los niños pequeños de la Administración", finalizó.

Además, Ciudadanos reclamó un nuevo texto con "más libertad" para los municipios, e IU pidió una reflexión de la clase política sobre "el papel de los ayuntamientos en la estructura del Estado".