El Ministerio de Hacienda anunció ayer que suspende la regla de gasto para los Ayuntamientos después de que fracasase en el Congreso de los Diputados su decreto que encubría un préstamo en la autorización a los municipios para utilizar su superávit. Lo que por la mañana parecía una claudicación del Ministerio al criterio de los concejos, fue desinflándose durante el día: no contenta del todo a los municipios (en especial a los del PP, los más activos contra el criterio inicial del gobierno central) aunque satisface en general a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero resulta poco para los dirigentes socialistas, que creen que el modelo que bloqueó el PP en el Congreso era más generoso. No obstante, hay una lectura relevante en la decisión de ayer del Ministerio de Hacienda: la posibilidad de que se flexibilicen criterios de estabilidad también para las autonomías, con serios problemas a la hora de afrontar sus presupuestos por las restricciones de gasto previas a la crisis económica derivada del covid-19. "Es un pequeño avance", dijo el secretario de Política Municipal de la FSA. Iván Fernández, quien elogió el "talante negociador" del Ministerio, pero aseguró que con el anterior decreto el beneficio habría sido mayor. La decisión del Ministerio, anunciada por la titular, Rosa Montero, aún está sujeta a detalles. Montero anunció que su departamento elaborará un nuevo decreto, que pondrá en manos de los ayuntamientos más de 3.000 millones de euros gracias a que los concejos podrán evitar la regla de gasto de 2012 y tendrán la opción de utilizar el superávit de 2018 y 2019. "Mi vocación es que en el año 2021 las reglas fiscales también estén suspendidas", dijo Montero, que justificó las medidas en la situación "urgente y de extrema necesidad" que afrontan el país y los municipios a causa del coronavirus. "Los ayuntamientos van a tener problemas para llegar a final de año", dijo la ministra.
Entrando en los detalles, fuentes del Ministerio reconocieron que el decreto anunciado por Montero solo toma los aspectos del anterior decreto que generaban más consenso, pero evita aquellos más polémicos, como el uso de los remanentes por la vía del subterfugio de un préstamo al Gobierno central. Así las cosas, no hubo júbilo en el municipalismo. El alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, quien junto con otros regidores populares había rechazado frontalmente el primer decreto del Gobierno, vio carencias en este. "No vale para nada", dijo. Canteli considera inviable invertir este año el superávit municipal e instó al Gobierno central al repartir los 5.000 millones prometidos en el conjunto del primer decreto. "Hay que liberar remanentes, superávit, permitir gastarlo bien y no tendría problema en que el Gobierno central dé el visto bueno", dijo Canteli, quien también reclamó un fondo para hacer frente a los gastos derivados del transporte público, cuya factura se estima en unos 1.700 millones. "Esta es una noticia sin expectativa; tenemos algo, pero muy poco", puntualizó esperando algún gesto más por parte del Ejecutivo central tras la derrota parlamentaria en su intento por "utilizar los ahorros de los vecinos".
La alcaldesa de Gijón, defensora del decreto inicial del Gobierno de Sánchez, dejó en manos de su concejala de Hacienda la valoración. María Pineda, portavoz también del gobierno gijonés, consideró que la suspensión de la regla de gasto "es una muy buena noticia". "Denota la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por el municipalismo después de la irresponsabilidad que supuso que no se aprobase el decreto que recogía gran parte de las reivindicaciones de los ayuntamientos; esto nos da un cierto respiro", dijo.
"El Gobierno está tratando de buscar una solución a la situación más inmediata que tenemos los ayuntamientos", valoró ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien considera que, por ahora, "se atienden las necesidades perentorias". No obstante, la socialista señaló que "era mejor el real decreto" que fue tumbado en el Congreso "porque daba respuesta a más cosas y hacía otro tipo de aportaciones", pero a la vista de las circunstancias la regidora avilesina entiende que "se ha cubierto lo que necesitamos de manera urgente los ayuntamientos". Monteserín señaló explícitamente a la flexibilización de la regla de gasto, a la aplicación de los superávits de 2018, 2019, 2020 y 2021 y a la "posibilidad de realizar inversiones sostenibles". La suspensión de la regla de gasto, agregó, debería ampliarse también a 2021. "Creo que se puede hacer en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado", planteó.
Iván Fernández, secretario de Política Municipal de la FSA, recalcó que el decreto ley rechazado en el Congreso "ya incluía esto" y además permitía el uso de los remanentes municipales. Fernández señaló que, con esta propuesta, los ayuntamientos van a poder disponer de un total de 3.500 millones de euros, pero que quedan fuera cuestiones como el fondo incondicional de 5.000 millones de euros prometido por el Gobierno y los remanentes de años anteriores, que suponen unos 15.000 millones. "Nos extraña que el PP rechazase el uso del remanente y ahora acepte el superávit", indicó Iván Fernández, quien resaltó el talante de la ministra María Jesús Montero.
