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La aplicación de la nueva ley de Memoria Democrática genera dudas a los juristas

Los especialistas advierten de que el carácter del texto es simbólico, más que económico, y las víctimas muestran cierto escepticismo

El anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y que debe ir al Congreso para su tramitación, ha suscitado numerosas dudas de carácter técnico-jurídico en algunos de sus apartados. Al punto de que los expertos aseguran que "puede generar frustración", porque pese a tener buena intención será difícil aplicarla en sus aspectos más jurídicos. "En la práctica, su carácter es más simbólico que otra cosa", señalan. Quienes llevan años en la lucha por recuperar a sus familiares represaliados y restablecer su buen nombre apoyan la iniciativa, aunque hay cierto escepticisimo tras lo que consideran escasos o lentos avances conseguidos con la ley de Memoria Histórica.

El nuevo texto declarará "nulos de pleno derecho" los juicios franquistas, prevé hacer del Valle de los Caídos un cementerio civil -lo que comportará el desalojo de la comunidad benedictina que allí habita y que custodia la abadía-, ilegalizará las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo y encargará al Estado la recuperación de restos humanos de las fosas comunes. Además, incorpora un régimen sancionador, con multas de entre 200 y 150.000 euros. Las sanciones más altas castigarán, por ejemplo, el traslado de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura sin autorización o la destrucción de fosas o de los lugares de memoria o incluso la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación del régimen que supongan "humillación" de los represaliados o sus familiares.

También contempla la creación de la Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos entre la contienda y la aprobación de la Constitución. También habrá un censo oficial de víctimas de la guerra y de la dictadura y un banco nacional de ADN.

El jurista Javier Junceda advierte de que no se contempla ninguna compensación económica para las víctimas y sus familias, que deberán afrontar sin embargo procedimientos judiciales "en los que muchos se enfrentarán a la dificultad de no contar con soporte documental para sustentarlos". Y es que, explica, aunque en los archivos hay mucha documentación, "también hubo muchos fusilamientos de los que no consta juicio ni sentencia. Se sabe que los mataron, pero no hay soporte legal".

Existe otro problema jurídico-legal, que es la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, en la que se supone que tanto los franquistas como los republicanos quedaban amnistiados, añadió Junceda. Además, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría en 2019 una resolución sobre Memoria Histórica Europea en la que se condenan las acciones de los extremismos tanto de la izquierda como de la derecha. "Esto puede generar un 'pim-pam púm' en la sociedad española que ahora sufre otros problemas muy importantes. Quizás no es este el mejor momento", señala Javier Junceda.

Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, tampoco considera que en plena pandemia por el covid-19 y el auge de los extremismos ideológicos, éste sea el mejor momento, porque se puede generar más tensión". Admitiendo la "buena voluntad de la ley y sus objetivos", advierte de que "toda ley debe ir acompañada de una memoria económica y de estructura administrativa para impulsarla, y de momento eso se desconoce".

Además de las cuestiones planteadas por Junceda, Ignacio Villaverde añade el que supone la Fundación Francisco Franco desde un punto de vista constitucional, ya que sería necesario convertirla en asociación y luego ilegalizarla, lo que conllevaría un litigio que se prolongaría años.

Las asociaciones de víctimas del franquismo y quienes sufrieron en sus carnes la violencia del régimen de Franco contemplan el anteproyecto de ley con optimismo, porque supone un mayor amparo para ellos y para quienes perdieron a sus seres queridos. Pero también son escépticos. Es el caso de la langreana Anita Sirgo, de 90 años. "Todo lo que sea para bien, para restituir su memoria y recuperar los restos de aquellos a los que mataron, pues es fantástico y me parece bien. Pero hasta que no lo vea, no lo creo. Hay que seguir luchando y no relajarse, porque las palabras son muy guapas, pero luego en la realidad...Yo aún no sé dónde está mi padre", asevera. "Soy escéptica, pero me mantengo firme. Hay que seguir luchando".

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