El coste de cada asturiano dependiente supone al año 8.879 euros, 2.299 euros (25,89%) más que la media nacional, que es de 6.580 euros. De esa cantidad, el Principado es el que más aporta, pese a que según la legislación vigente, el abono debe ser el mismo para las arcas regionales que para el Estado. Sin embargo, incluso los propios beneficiarios pagan más que el Gobierno central, que adeuda millones de euros por este concepto.

Las cifras corresponden a la auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas respecto de la situación y el funcionamiento del sistema de la dependencia en el año 2018, y que ha dado de paso aunque con salvedades y recomendaciones en las que a día de hoy ya se está trabajando.

Según el informe, "el Principado de Asturias ha cumplido la obligación legal de financiar una aportación al menos igual a la del Estado en concepto de nivel mínimo de protección". Pero añade que en la práctica, ha destinado un porcentaje muy superior de sus recursos propios. Así, especifica que del gasto total en dependencia imputado en 2018 al presupuesto del Principado por importe de 199.167,700 euros, sólo el 14,51 por ciento fue financiado por el Estado, mientras que el 66,18 lo aportaron las arcas regionales. Incluso la tasa de aportación de los beneficiarios fue superior a la del Gobierno central, con un 19,31 por ciento.

La Sindicatura de Cuentas incluye entre sus recomendaciones "continuar con el proceso de mejora de los procedimientos de gestión de la protección a la dependencia encaminados, principalmente, a agilizar la gestión del reconocimiento del derecho, así como a reducir las listas de espera para la percepción de los servicios y prestaciones reconocidas". Añade también la necesidad de "adecuar" la estructura organizativa para conseguir una mayor eficiencia.

También indica el tribunal de cuentas asturiano, entre otras recomendaciones, que sería "exigible" una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, pudiendo incluirse tal exigencia en la modificación del marco normativo presupuestario del Principado de Asturias, recomendado en reiteradas ocasiones por este órgano de control".

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, aseguró ayer que ya se trabaja en la línea que indica la Sindicatura de Cuentas, lo que "viene a reafirmar el compromiso de este gobierno con la agilización de la tramitación del acceso al sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia".

Álvarez añadió que la Consejería que pilota "ha colaborado estrechamente en la elaboración del informe con la Sindicatura de Cuentas, que como viene siendo habitual publicará el detalle de las alegaciones presentadas por la consejería al respecto". Y remarcó la Consejera que "las recomendaciones que se plantean hacen referencia al ejercicio 2018 y que han sido varias las medidas que ya se han puesto en marcha para avanzar en agilidad en la gestión y que dan forma al plan de choque en el que ya se trabaja".