El Gobierno asturiano decidió ayer reactivar la reclamación por la liquidación del IVA del ejercicio 2017, paralizada como consecuencia de la declaración del estado de alarma. El Consejo de Gobierno autorizó a la consejería de Hacienda a formular el requerimiento previo contra la Administración General del Estado, que incluye una novedad sustancial: el Principado estima ahora que el perjuicio económico se eleva a los 86, 5 millones de euros en vez de los 75 barajados inicialmente. El grueso de esa diferencia estriba en el añadido de casi 10 millones de euros que le correspondería a Asturias de dicho impuesto por su condición de comunidad autónoma uniprovincial y destinataria, por tanto, del porcentaje que le corresponde como diputación provincial.

La reclamación del IVA de 2017 se remonta a una decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro, por la cual en aquel ejercicio se liquidó a las comunidades autónomas once meses de ese impuesto pese a que los ciudadanos tributaron por los doce meses. El Principado ya había iniciado los trámites para exigir a la Administración General del Estado la compensación por los perjuicios económicos, directos e indirectos, derivados de aquel cambio en el sistema de gestión, liquidación y contabilización del IVA pero la declaración del estado de alarma, por la pandemia, paralizó la reclamación. Ahora la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ya tiene luz verde para reactivar el requerimiento previo, que supone el paso inmediatamente anterior a la presentación de un contencioso en los tribunales, en el caso de que el Gobierno central desestime la citada reclamación.

"Entendemos que ha habido un enriquecimiento injusto del Estado, que se remonta a la modificación del reglamento decidida en la etapa del señor Montoro", argumentó ayer el vicepresidente del Gobierno regional. "En este momento procesal, toca la reclamación previa a entablar el contencioso administrativo", añadió Juan Cofiño.

Aunque hasta ahora el Principado había cifrado el importe de esa liquidación en unos 75 millones de euros, ahora eleva su estimación hasta los 86,5 millones de euros al sumar "casi 10 millones que nos corresponden como autonomía uniprovincial, por el porcentaje que le corresponde de ese impuesto a las diputaciones provinciales", indicó Cofiño. Una parte de esos 10 millones podría ir posteriormente a la financiación municipal pero el perceptor es el Principado, según detalló el Vicepresidente que, no obstante, matizó que "se trata de una estimación" ya que es el Ministerio de Hacienda el que tiene los datos sobre la recaudación de ese impuesto.