La suspensión de los mercados ambulantes en Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana como consecuencia de la alerta naranja ha generado un profundo malestar entre los vendedores. "Nos sentimos discriminados porque otras actividades comerciales, incluidas las medianas y grandes superficies, no se han visto afectadas, pese a que son negocios que funcionan en espacios cerrados. Nosotros estamos al aire libre y cumplimos con todas las medidas de control y no entendemos que los ayuntamientos hayan tomado esta decisión", indicó Darío Ibaseta, secretario de la Asociación Libre de Vendedores Ambulantes de Asturias (ALVA). Y añadió: "El Principado no alude a esto para nada en la alerta naranja. Es un tema de los ayuntamientos".

Ibaseta remarcó que hay "doscientas familias, unas 600 personas, que viven de estos mercadillos que se organizan en el valle del Nalón y que no van a tener ningún ingreso durante catorce días. Cuando, además, la mitad de ellas están en situación de vulnerabilidad por todo lo que venimos pasando en estos últimos meses", expuso el representante de los vendedores ambulantes, que mantuvieron una reunión con ediles de Langreo en la mañana de ayer.

Desde el gobierno local, esgrimieron que es una decisión "en la que los tres ayuntamientos van de la mano y que no se ha tomado de forma arbitraria. Una de las recomendaciones de la alerta naranja es evitar aglomeraciones y ese es el objetivo que se busca". Los responsables municipales aseguraron que se están "explorando" fórmulas para que, al menos, los vendedores de productos perecederos puedan colocar sus puestos.

Unidas por Llangréu criticó la postura del gobierno local. "Hay medidas como el cierre de los mercadillos o la prohibición a los clubes deportivos de entrenar en el concejo que tienen difícil explicación. Se han tomado de forma precipitada y unilateral, sin contar con la opinión de la oposición", indicó Jesús Sánchez, portavoz de la formación.