La "inflexibilidad" de las normas y de quienes las aplican, la rigidez de un aparato administrativo que "va por el libro" y la burocracia están provocando serios dolores de cabeza a muchas familias asturianas. La última de ellas, a la que el Gobierno del Principado acaba de denegar una ayuda de alquiler porque tiene una deuda con Hacienda de 20 céntimos. Lo ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias (PAH Asturias) y el colectivo Asturias Acoge, que han apoyado a los afectados en la elaboración del recurso que esperan que vuelva a poner "las cosas en su sitio" y que la familia, que exige permanecer en el anonimato, pueda acceder a la ayuda a la que, por ley, tiene derecho.

PAH Oviedo y Asturias Acoge denuncian que esta es solo "una muestra más de la pésima gestión que se está haciendo de estas subvenciones", activadas por el Gobierno central y gestionadas por las comunidades autónomas para paliar los efectos de la pandemia en la economía de las familias más vulnerables. La convocatoria se abrió el 22 de abril y actualmente todavía se están resolviendo las solicitudes que se presentaron en aquel momento. "La tramitación acumula por lo tanto un retraso de 5 meses, lo que supera ya el período de tiempo para el que se había concedido la ayuda y agrava la situación de incertidumbre causada por la falta de ingresos y las presiones de los arrendadores", señalaron los colectivos denunciantes.

A menudo los solicitantes forman parte de hogares con menores, y cuando se conceden las ayudas, las familias beneficiarias no son informadas directamente (la concesión solo se publica en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias", BOPA), por lo que "no saben cuándo llega el dinero a los arrendadores".

Los dos colectivos, que han apoyado de manera desinteresada a los solicitantes desde el principio, denuncian también la "dificultad" para cubrir los formularios y para preparar la documentación exigida, algo que puede llegar a constituir "un obstáculo insalvable para muchas personas que cumplen los requisitos de la convocatoria, por no mencionar a quienes de hecho no los cumplen, pero necesitan desesperadamente algún apoyo económico" pues para ellos "la situación es límite". A esto se añade la brecha digital: "Quienes no poseen los medios técnicos, los conocimientos y la conexión a internet necesaria se ven condenados a quedar fuera de los circuitos de las subvenciones y los derechos humanos y de ciudadanía", lamentaron las asociaciones, que instan a la Consejería a tomar medidas para agilizar la tramitación de las ayudas y la información a sus solicitantes, a prorrogar el plazo y a adoptar medidas de apoyo económico para quienes, estando en situación de necesidad, quedan excluidos de esta convocatoria, de manera que se garantice el derecho a la vivienda de todas y todos".