El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha pedido a la Junta General que remita el acuerdo de aprobación de la contabilidad y gastos de los grupos parlamentarios correspondiente al año 2019. La petición del tribunal obedece a una denuncia que nace de la batalla judicial entre el diputado Pedro Leal (expulsado de Foro) y su partido, representado por su compañero de bancada Adrián Pumares. Leal ha presentado, además de otros, un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA con el objetivo, según algunas fuentes parlamentarias, de bloquear la subvención que recibe el grupo parlamentario de Foro Asturias, con dos de los 45 diputados de la Cámara. Pero la formulación del recurso no exige dar a conocer el objetivo de este, algo que procedimentalmente se produce después. De ahí que el TSJA haya reclamado el expediente que aprobó la Mesa de la Cámara con la contabilidad interna de cada grupo parlamentario, en la que se detalla a qué se destinaron los fondos que reciben del Parlamento.

Por esa razón, los servicios de la Cámara han advertido a los grupos parlamentarios de la existencia de este recurso y les ha emplazado a que valoren si quieren presentarse en el proceso como demandados. Algunas fuentes parlamentarias admiten que ciertos partidos están sopesando la opción de nombrar un abogado.

El destino de los fondos de los grupos parlamentarios, que a la postre nutren a los partidos, ha sido motivo de debate, si bien las cuentas de la Cámara están revisadas tanto por los servicios del propio parlamento como por la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas, indicaron medios jurídicos de la Junta General.

El origen de este asunto, motivo de revuelo en los pasillos estos días, está en la batalla interna en el grupo forista, después de que Pedro Leal (afín a Francisco Álvarez-Cascos) fuese expulsado del partido al igual que el fundador y expresidente del Principado. Sin embargo, Leal continúa formando parte del grupo parlamentario forista, pendiente de resolverse si pasa al grupo mixto. Leal ha iniciado una batalla legal contra el que fue su partido, recurriendo decisiones de contratación de personal del grupo y, ahora, la asignación de fondos que recibe Foro del parlamento, con el objetivo de bloquearlos.