En la secuencia de decisiones para frenar la expansión del covid-19 en Asturias, la siguiente medida que se encuentra sobre la mesa de las autoridades sanitarias es la de decretar un descenso parcial o total de Asturias a la fase 2. Las fuentes consultadas recalcan que no se trabaja aún en la adopción de una medida tan drástica, pero que serán los acontecimientos y la evolución de los datos los que inclinen la balanza.
¿Debe el Gobierno regional plantearse ya aplicar limitaciones tan relevantes como suprimir en zonas amplias el consumo en barras, reducir los aforos en iglesias o espectáculos, limitar aún más las reuniones o restringir algunas actividades? Los expertos creen que es algo que ya debe valorarse. "Las próximas 48 horas son fundamentales y hay que tener en cuenta que cualquier medida que se tome no tendrá reflejo en la evolución estadística de la enfermedad hasta pasadas dos semanas", refiere Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). López Acuña considera que la hipótesis de rebajar algunas zonas de Asturias a la fase 2 no resulta en absoluto descabellada a la vista de los últimos datos.
Frenar el coronavirus podría compararse a tratar de tapar una vía de agua: las medidas han de ir en proporción al tamaño del agujero y deben colocarse los diques con la suficiente antelación como para evitar situaciones más graves. Hasta ahora, el Principado ha utilizado una herramienta de cuño propio: la alerta naranja, una medida que en realidad supone más bien un toque de atención a los hábitos sociales que más restricciones normativas. Ha habido una excepción: el Valle del Nalón, donde se prohibieron algunas actividades (mercadillos), se limitaron a seis personas las reuniones y se suprimió la posibilidad de servir en las barras de los establecimientos hosteleros. Otras alertas declaradas (Gijón, Trubia, varios concejos del Oriente y Mieres) solo han tenido un carácter de advertencia.
En cambio, la resolución aprobada la noche del viernes por la consejería de Salud, que impone cambios en las actividades deportivas y obliga al uso de mascarilla en los espacios laborales compartidos, sí supone en cierto modo un leve descenso de fase encubierto. El siguiente dique de contención tendrá que ser ya decretar criterios de fase 2.
Otras comunidades tienen experiencia en aplicar descensos de fase controlados. Aragón, por ejemplo, lo ha hecho en diferentes comarcas. Este mismo puente ha impuesto la medida en Zaragoza, con una incidencia acumulada de 161 casos por cada 100.000 habitantes (ayer en Asturias estaba en 146). El gobierno aragonés ha limitado el aforo en ciertas actividades y solo ha podido reducir parcialmente los aforos en la hostelería, después de que el sector recurriese a los tribunales. La resolución judicial final no autorizó la pretensión del gobierno de rebajar al 50% los aforos en el interior y al 75% en las terrazas, pero dio por buena la prohibición del consumo en barra.
La otra alternativa en Asturias sería establecer cierres perimetrales que frenen la movilidad en una zona, pero los expertos coinciden en que esa medida solo puede aplicarse en situaciones muy específicas: por ejemplo, un gran brote muy localizado o en un área geográfica (una comarca) en el que el principal flujo de desplazamientos sea interior. Hacer un confinamiento de una localidad del área central, por ejemplo, resultaría poco útil porque seguiría habiendo una gran movilidad por trabajo (que se permitiría en esa situación). Así las cosas, el planteamiento de aplicar un retroceso a la fase 2 a toda Asturias o a parte de la región (dejando libres las zonas rurales con una baja incidencia del virus) es el siguiente caso más probable si la transmisión del virus continuase.
