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La limitación de actividades en la franja nocturna, sin consenso político

Los grupos de la derecha en la Junta alertan del impacto negativo de ampliar las restricciones a algunas actividades como la hostelería

La declaración del toque de queda no genera consensos entre la clase política asturiana. Los cuatro grupos parlamentarios del centro y la derecha de la Cámara se mostraron ayer como los más refractarios a las restricciones asociadas a esa figura, que en la práctica limita los movimientos de la población

El toque de queda es la medida a la que ha recurrido Francia para frenar la segunda ola de contagios en varias de sus ciudades, pero también otros países como Bélgica, Eslovenia y dos regiones italianas, Lombardía y Campania. El Gobierno asturiano "podría estar de acuerdo" con una medida como el toque de queda "si es útil para contener la expansión de la pandemia" pero, por ahora, no hay una decisión en firme. La portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, considera que "los gobiernos tienen la responsabilidad de valorar todas las medidas del ordenamiento jurídico, sin descartar ninguna, y tomar las decisiones más acordes para frenar el avance de la pandemia".

La presidenta del PP regional y portavoz en la Junta General, Teresa Mallada, exigió que ese tipo de iniciativas "deben ser consensuadas para tratar de alcanzar la mejor solución posible para todos los asturianos, en base a criterios científicos y causando el menor impacto posible en la economía". Pero la dirigente popular lamenta que "el Gobierno de Adrián Barbón no nos dice absolutamente nada al respecto en el Parlamento". Mallada sostiene que las medidas sean "proporcionales, sin causar un riesgo innecesario a la economía" y vayas acompañadas de "su justa compensación a los sectores económicos perjudicados". De no haber esos apoyos, un endurecimiento de las restricciones "puede suponer la estocada final a sectores que ya están en el límite como la hostelería".

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, apunta que el toque de queda debe basarse "en un criterio científico" y advierte de que exigiría la declaración del estado de alarma, para tener cobertura jurídica. "Creemos que Sánchez tiene que establecer criterios objetivos e iguales para toda España", defendió la diputada del grupo naranja.

Daniel Ripa, portavoz de Podemos, reconoce que las administraciones "deben poner en marcha medidas restrictivas para proteger la salud pública" y considera que en Asturias urge "reducir aforos en el transporte público, con más frecuencias, y reforzar la atención primaria ante el riesgo de colapso".

Ángela Vallina, de IU, reclama "seriedad y unión para reducir contagios y los efectos perversos de esta crisis sanitaria u global" y recuerda que "algunas comunidades y partidos que pidieron el fin del estado de alarma, son ahora los que con más vehemencia piden medidas imposibles de adoptar" sin esa figura. Adrián Pumares, portavoz de Foro, sostiene que antes de recurrir al toque de queda "lo que hacen falta son rastreadores y test, controlar el aforo y las medidas sanitarias en el transporte público y no demorar intervenciones quirúrgicas como se está haciendo en Asturias. Y una vez hagan eso, hablaremos de medidas más restrictivas".

Vox es el grupo que se opone más rotundamente al toque de queda. "Es una medida inaceptable", valora su portavoz en la Junta, Ignacio Blanco. "Una persona, caminando sola a las dos de la mañana, no supone ningún riesgo. Si es por los botellones, que se tomen medidas porque están prohibidos hace años y si siguen produciéndose es por dejadez de funciones". En su opinión, no tiene sentido poner más límites a la actividad hostelera, "cuando por debajo de 60 años la tasa de letalidad es del 1,9%".

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