Más de dos años de negociaciones y profundos desacuerdos quedaron zanjados en la madrugada del pasado miércoles, cuando los países de la Unión Europea (UE) cerraron en Luxemburgo, después de 42 horas de negociaciones, la Política Agrícola Comunitaria (PAC) que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027.

Habrá menos dinero, el presupuesto será el aprobado inicialmente con un recorte del 10%. El 60% de los fondos serán destinados a pagos directos a la renta agraria y el 20% del presupuesto final para los llamados "ecoesquemas", la gran novedad de la reforma, que serán voluntarios para los agricultores, pero obligatorios para los estados. El siguiente paso es ahora negociar el acuerdo con el Parlamento Europeo.

El campo asturiano ha acogido el diseño de las nuevas ayudas con expectación y cierto recelo. Los representantes agrarios estiman que la reforma tiene un claro giro medioambiental y deja de lado cuestiones claves como la rentabilidad de las explotaciones. "La PAC fue diseñada para compensar pérdidas de renta y garantizar unos ingresos a los agricultores, ahora lo que nos piden es que tengamos las explotaciones como el Campo San Francisco, con más costes para nosotros y menos ingresos", indicó ayer José Ramón Alba (Pachón), secretario general de UCA. Otra de las voces más críticas fue la del presidente de ASAJA, Ramón Artime. "Nuestra idea era otra; uno de los principales pactos es vincular un 20% de los pagos directos al cumplimiento de los ecoesquemas, que, aunque no serán obligatorios para los productores, en la práctica es como si lo fuesen porque, de lo contrario, perderán un recorte del 20% en los fondos", indicó.

Para Artime, la nueva PAC "puede entrañar un riesgo de renacionalización", si no se diseñan bien los planes estratégicos estatales, que también han recibido el visto bueno del Consejo Europeo.

De forma similar se pronunció la organización COAG, cuya secretaria general en Asturias es Mercedes Cruzado. "Vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas en la futura PAC puede llevar a recortes muy graves", indicó. A COAG también le preocupa que ya no se cuestione en absoluto el marco financiero plurianual acordado en julio, en el que se aplicó un recorte a los fondos de la PAC. El sindicato ha mostrado asimismo su desacuerdo con que los ministros no hayan hecho ninguna consideración respecto a la necesidad de recuperar partidas para el sector agroalimentario en los fondos destinados a los planes de recuperación económica poscoronavirus.

"Pensamos que es una propuesta equilibrada y que responde a las distintas sensibilidades. Es imperfecta pero muy buena", dijo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre el texto de compromiso elaborado por Alemania, país que preside el Consejo de la UE, para lograr un consenso. El acuerdo tuvo el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Letonia, Bulgaria y Rumanía.

La PAC para el periodo 2023-2027 estará dotada de unos 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que 47.724 millones irán a parar a los agricultores y ganaderos de España, una suma similar a la del periodo 2014-2020, según cifras del Ministerio. Tras el acuerdo del Consejo, el Parlamento europeo tiene previsto votar el conjunto de la reforma mañana. A continuación, comenzarán los llamados "trílogos", en los que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento europeo terminarán la negociación de los reglamentos, que debería que estar concluida a principios del próximo año. Después los estados deberán finalizar sus planes estratégicos que fijarán los criterios de reparto de ayudas.