El Consejo de Gobierno del Principado ha autorizado esta mañana el recurso a las facilidades de endeudamiento que ofrece el Estado a las comunidades autónomas y pedirá hasta 74 millones de euros a tipo cero para "agilizar los pagos de tesorería y garantizar el cumplimiento del periodo medio de abono a proveedores". La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha confirmado la demanda al Estado para financiar el exceso de déficit en el que Asturias, "como el resto de las comunidades autónomas", incurrió en 2019. Cárcaba atribuyó el desfase al "impacto de la implantación del nuevo sistema de recaudación del IVA" -base de los 86,5 millones que el Principado todavía reclama al Estado correspondientes a la liquidación del impuesto de 2017- y a un modelo de financiación autonómica "que aporta recursos insuficientes para atender las necesidades de gasto".
Asturias recurrirá por esos motivos, aclaró, a las posibilidades de financiación que ofrece el Estado con cargo al Fondo de Facilidad Financiera. Se hace necesario para ello un proyecto de ley de autorización de endeudamiento que el Gobierno ha aprobado esta mañana y que próximamente se enviará a la Junta General para ser tramitado por la vía de urgencia. Este endeudamiento, ha aclarado la Consejera, "no supone mayor gasto presupuestario en el ejercicio, sino únicamente una inyección de tesorería, y resulta necesario para que Asturias mantenga sus buenos números en relación con el periodo medio de pago a proveedores".
Según la explicación de Cárcaba, los 74 millones de endeudamiento máximo adicional responden todavía a cifras provisionales. El Ministerio de Hacienda determina las necesidades de liquidez de las comunidades autónomas sobre la base de sus datos y sus disponibilidades presupuestarias, pero de momento sólo ha puesto a disposición de Asturias el 75 por ciento de esos 74 millones a la espera de que esa cifra sea revisada y se determine "en breve, a finales de este mes, cuál es la cuantía restante".
En su reunión de esta mañana, por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde asimismo a la movilización de 46.624.030 euros para el desarrollo de políticas activas de empleo que beneficiarán a más de 15.500 personas en dos años. Estos fondos permitirán impulsar diferentes programas orientados a facilitar la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades, así como la formación de parados y trabajadores. De esa cifra total, unos dieciséis millones irán a subvencionar durante dos años hasta el cincuenta por ciento de los costes salariales de la plantilla de los 110 centros especiales de empleo que funcionan en Asturias, otros dieciocho se destinarán a los ayuntamientos para el desarrollo de planes locales de empleo o contratación de jóvenes en prácticas o agentes de desarrollo local y 12,5 se irán en dos convocatorias de programas de formación.
