El toque de queda generalizado para el conjunto del país tendrá que esperar. Las dudas en torno a su encaje jurídico han llevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a aplazar la decisión sobre un mecanismo que reclamó, oficialmente, la comunidad autónoma de Castilla y León y que Andalucía ya aplica en Granada y su entorno, mientras que la Comunidad Valenciana quiere implantar a la menor brevedad.
"El instrumento jurídico que da solidez a la restricción de movilidad nocturna es el estado de alarma", aclaró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión con los representantes de las comunidades. Ese es, precisamente, el escollo que impide el consenso en torno a la implantación a nivel nacional de un mecanismo que cuenta, sin embargo, con una amplia aprobación entre las autonomías.
"La restricción de la movilidad nocturna, o como quiera llamarse, es una medida que puede ayudarnos realmente. No sé el formato jurídico, pero una vez que hemos controlado otros ámbitos de alto riesgo (como los temporeros, el ocio nocturno en otros momentos, el trabajo en los mataderos y las industrias cárnicas o la vuelta a los colegios), lo cierto es que la transmisión se produce actualmente en ambientes muy concretos, y esa limitación puede servir", reflexionó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tras la reunión.
Más claro aún en su apoyo fue el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que anunció que su gobierno solicitará los necesarios informes jurídicos para dar encaje legal al toque de queda en ese territorio, con la intención de aplicarlo a la mayor brevedad. Según avanzó Puig, su intención es aplicar un toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana, con una duración que se extenderá hasta el 9 de diciembre, lo que supone unas seis semanas. Una decisión que Puig defiende por considerarla efectiva para frenar el virus, porque permitirá eludir medidas más duras, y para "llegar a la campaña de Navidad en una situación mejor".
Tanto la naturaleza del toque de queda como la duración apuntadas por Puig se interpretan como una síntesis de la propuesta en torno a la que se debatió en el Consejo Interterritorial, con la duda de la hora de inicio de la medida, toda vez que el toque de queda aplicado en Granada se extiende por una hora más: desde las 23.00 hasta las 6.00 horas.
Ante el debate en torno al toque de queda en el Consejo Interterritorial, la posición del Principado ha sido clara: "Desde Asturias nos hemos mostrado a favor de una propuesta del Ministerio de movilidad nocturna", precisó ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández. "Se agradece que el Estado tome esta decisión, que solo se puede tomar en el contexto de un estado de alarma", añadió Fernández, quien insistió en que "hemos mostrado también nuestro interés porque se haga lo antes posible".
Para la líder del PP, Teresa Mallada, que una medida como el toque de queda, si finalmente se adopta por parte del Principado, "debe ser bien explicada a la población" y no puede ser decidido "como ocurrió con las alertas naranjas, que contribuyeron negativamente al desarrollo del turismo en concejos del oriente de Asturias durante el pasado verano". La presidenta del PP asturiano cuestionó que "ahora que la situación es muy complicada, Barbón no da la cara y no nos llama. Ante decisiones que son contundentes, como sería el toque de queda, debería tener la deferencia de comentarlo con los grupos de la oposición".
Por su parte, el presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito, abogó por la adopción de medidas equilibradas que "permitan preservar la actividad y mantener la salud de las personas". Al ser preguntado sobre si el toque de queda, con el cierre de establecimientos hosteleros a las 10 de la noche, encaja en su reivindicación de medidas equilibradas su respuesta fue la siguiente: "Si es esa y no hay otra solución, habrá que acatarla", afirmó el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, que se remitió a las conclusiones de los expertos. "No sé si son el foco o no, lo tendrán que decir los epidemiólogos", manifestó Feito.
Un plan con el foco puesto en doblegar la curva de contagios y salvar la campaña de Navidad
La estrategia pactada por el Ministerio de Sanidad con la mayoría de las comunidades autónomas tiene el foco puesto en, además de mejorar la situación sanitaria, salvar la campaña de Navidad, con una repercusión económica directa en los sectores hostelero y comercial, dos de los más castigados por el impacto de la pandemia en la primera ola.
Las restricciones de actividad en la franja horaria nocturna hasta, al menos, después del puente de diciembre abriría un paréntesis de más de 6 semanas que los epidemiólogos consideran adecuado para rebajar la incidencia de los contagios y doblegar la curva de esta segunda ola, que ha tenido una repercusión mucho mayor de la esperada inicialmente.
La vuelta de alumnos a los colegios, institutos y Universidad ha coincidido con una mayor circulación del virus, cuya proliferación se ha asociado a las relaciones sociales, un amplio catálogo compartido tanto por las reuniones familiares, como por los botellones y otras actividades ligadas al ocio nocturno. Con las limitaciones horarias a la actividad nocturna, parejas al toque de queda, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tendrían una herramienta de control sobre dos fechas marcadas con el rojo de peligro en el calendario inmediato de puentes, los del 1 de noviembre y del 6 al 8 de diciembre. Dado que en esas festividades aumenta la movilidad de manera exponencial entre las comunidades autónomas, su coincidencia en las próximas semanas entraña un riesgo que solo se podría atajar con una nueva declaración del estado de alarma, una posibilidad de la que recelan varios partidos de la oposición tras el precedente de la prorrogada en la primera ola de la pandemia.
En un contexto económico duramente golpeado por la caída de la actividad, la campaña navideña es vista como el último “salvavidas” para atenuar el impacto sobre cientos de miles de empleos en todo el país.
