Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras del Principado entre 2003 y 2011, abrirá mañana las declaraciones judiciales de los administradores de Sogepsa que están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 4 de Avilés. El exconsejero, que como tal también fue presidente de la sociedad mixta de gestión y promoción del suelo, es el primero de los gestores citados por la juez tras una denuncia presentada por la Fiscalía contra todos los miembros del consejo de administración desde 2007 al apreciar indicios de delito societario en el reparto de los beneficios obtenidos por la compañía durante el desarrollo del área residencial de La Magdalena.

Avanza así el proceso judicial abierto a raíz de una denuncia presentada en la primavera de 2019 ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se cuestionaba el presunto desvío fraudulento de la mayor parte de los réditos que habrían correspondido a Sogepsa hacia los constructores privados que intervinieron en la operación urbanística y que en muchos casos configuran la parte privada del accionariado de la sociedad mixta.

La Fiscalía del Principado pidió que se identificase a los gestores de la empresa desde 2007, fecha de las expropiaciones de La Magdalena, para responder de las acusaciones, y el desfile empieza mañana con Buendía, consejero y presidente de Sogepsa en el momento de inicio de la operación urbanística. Ese mismo día está citado Enrique Álvarez, que fue secretario del consejo de administración en su condición de director general de Vivienda del Principado, mientras que el viernes llegará el turno de Guillermo Morales, que formaba parte del órgano gestor de la sociedad como director general de Urbanismo. También deberá declarar el viernes Luis Arboleya, que sigue siendo el vicepresidente de la sociedad en representación de las empresas privadas de construcción, que ostentan el 42 por ciento de su accionariado. El 45 está en manos del Principado y el trece restante, de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo.

Los citados por la juez para esta semana son los primeros de una larga lista de al menos medio centenar de los antiguos administradores de la sociedad mixta del suelo. Entre ellos se encuentran algunos de los consejeros de Infraestructuras que la han presidido desde 2007, así como los directores generales de Urbanismo que representaban al Principado en el consejo de administración y la comisión directiva, concejales y alcaldes de los cuatro ayuntamientos y los comisionados por las empresas de construcción que constituyen la porción privada del accionariado.

La denuncia que Anticorrupción recibió en mayo cuestiona con informes periciales y diversa documentación el método de reparto -no equitativo ni proporcional, a juicio de los denunciantes- de los beneficios obtenidos en la promoción de La Magdalena. A juicio de los denunciantes, se estiman en unos 26.000 euros por vivienda las cantidades que deberían haber engrosado las arcas de la sociedad y que habrían terminado en las de los promotores privados, generando un supuesto quebranto para las arcas de una sociedad inmersa en una profunda crisis y con un pasivo que supera los doscientos millones de euros.