El proyecto presupuestario del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos eleva el dinero destinado a moderar los costes energéticos de la industria, políticas consideradas vitales para el porvenir de las grandes fábricas asturianas de acero, zinc, aluminio o cemento. La partida del Ministerio de Industria correspondiente a la compensación de costes indirectos de CO2 sube el 78% en relación al gasto de 2020, si bien sigue por debajo de los fondos asignados en 2019 y, en principio, del máximo legal que autoriza la UE. El departamento de Reyes Maroto destina asimismo 91 millones al estatuto de la industria electrointensiva, pendiente de aprobar.
Las fuentes empresariales consultadas mostraron ayer cautela sobre los compromisos presupuestarios con la industria. El aumento del dinero para el CO2 y la consignación por primera vez de fondos para rebajar la luz a través del nuevo estatuto electrointensivo son vistas como señales positivas, aunque no quedan despejadas todas las incertidumbres.
El CO2
La partida para compensar a las fábricas por el impacto que los costes asociados a las emisiones de CO2 tienen en la factura de la luz pasa de los 61 millones repartidos en 2020 a 109 millones. La industria, así como el Gobierno asturiano y los agentes sociales, venían demandando del Ministerio que llegase al máximo legal autorizado por la UE (en 2020, por encima de 270 millones, equivalentes al 25% de los ingresos estatales por subastas de derechos de emisión). La cantidad ahora consignada no llega a ese nivel, pero fuentes del sector matizaron que las necesidades de compensación para 2021 pueden ser significativamente menores tras los cierres de térmicas, las centrales más intensivas en emisiones, y la aportación residual que ya tiene el carbón en la generación eléctrica.
El estatuto
Industria reserva 91 millones para comenzar a aplicar las medidas del llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo: rebajas para la industria en cargos de la factura eléctrica vinculados a las energías renovables y otros. Se trata de la misma cantidad que figuraba en la memoria económica del borrador del estatuto presentado en febrero de 2019 y cuyo contenido quedó muy lejos de las aspiraciones de las compañías con mayores consumos y más expuestas a los costes energéticos (ArcelorMittal, Azsa y Alu Ibérica, en Asturias) y suscitó también críticas y alegaciones del Gobierno asturiano y de los agentes sociales. En tales alegaciones se ha demandado un trato singular para las fábricas “hiperelectrointensivas”. Que la cuantía del dinero para el estatuto se mantenga sin variación sobre lo previsto puede ser interpretado como un nuevo indicio de que el Gobierno aprobará próximamente el estatuto sin cambios de gran alcance como los que demanda Asturias. A no ser que el Ejecutivo haya decidido suprimir ventajas que anunció para cientos de empresas menos dependientes de la luz que las asturianas y redirigir los fondos hacia estas últimas.
