Jesús Chamorro (Oviedo, 1964) tomó posesión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en diciembre de 2019. Este año debería haber pronunciado su primer discurso en el acto oficial de apertura del año judicial en el Principado, pero la crisis sanitaria lo ha impedido. Por eso aprovecha esta entrevista para trasladar su mensaje de agradecimiento a los magistrados y jueces, y hacerlo extensible al personal administrativo y a todos los operadores judiciales por el esfuerzo realizado desde el inicio de la pandemia.
–¿Tenía diseñado su primer acto de apertura del año judicial?
–Sí, quería un acto un poco distinto a otros años, dando un contenido diferente y lanzando un mensaje de reconocimiento a la labor que están realizando magistrados y jueces, porque han estado a la altura de las circunstancias desde el inicio, desde que se decretó el estado de alarma. No hubo disfunciones y se aprovechó la desescalada para sentar las bases que han permitido recuperar tiempo e ir sacando adelante el trabajo del periodo del confinamiento.
–Los magistrados teletrabajaron durante el confinamiento. ¿Ahora también?
–Siempre hemos teletrabajado. Yo mismo he puesto muy pocas sentencias en el despacho; casi todas en casa.
–Sin embargo, usted ha dicho en varias ocasiones que una cosa es llevarse el trabajo a casa y otra trabajar desde casa.
–Es que la labor judicial concilia poco con la función telemática. El principio de inmediación, que el juez esté presente, analizando y valorando el testimonio del acusado, de los testigos, las preguntas que se hacen… Y telemáticamente tampoco se garantiza la seguridad jurídica en la labor de los testigos, comprobando que no se les hace indicaciones de lo que tienen que declarar. Hay factores que se pueden y debemos interpretar.
–Pero sí apuesta por la digitalización.
–Es un proceso lento en el que los jueces estamos a la cabeza, muy interesados en que se ponga en marcha con instrumentos que nos ayuden en el trabajo para ser más eficaces, y esto requiere tiempo de adaptación porque no todos pertenecemos a la era digital. Requiere formación continuada, apoyo técnico continuo y herramientas tecnológicas de calidad que generen certeza, buenas conexiones y ordenadores para que los magistrados y jueces puedan trabajar. La justicia digital puede facilitar mucho el trabajo, pero no será la panacea. Lo que decía antes: hay diligencias judiciales que requieren la presencia física.
–Sin embargo, se van a poner en marcha los juicios telemáticos.
–La Sala de Gobierno hizo un informe al respecto de la propuesta del Principado, porque encontramos algunas deficiencias y cuestiones críticas. Quiero aclarar que estos juicios son para cuestiones muy concretas: solo audiencias previas en el ámbito de lo civil y nosotros aprobamos un plan piloto para probar en los juzgados de primera instancia 6 de Oviedo, el 4 de Gijón, en el mercantil 1 de Oviedo y añadimos el de instancia 7 de Avilés y el 3 de mercantil, con sede en Gijón. Pero es para juicios muy repetitivos, con asuntos que sean idénticos.
–Se temía colapso judicial por los meses de confinamiento total. ¿Se está produciendo?
–En Asturias no hay colapso porque los órganos judiciales partían de una posición muy favorable gracias al trabajo de todos los operadores y en especial de los magistrados, que no podemos olvidar que su labor es el centro de la función judicial. Además, tampoco se produjo una entrada ingente de asuntos. Ha habido una pequeña disfunción porque se suspendieron señalamientos, pero se esta despachando ya. En septiembre y octubre se hicieron catas para ver los asuntos registrados en los principales partidos judiciales y el número no fue superior a los tres años anteriores, sino al contrario, incluso un poco más bajo.
–¿Será que aún es pronto?
–Quizás los efectos de la crisis sanitaria no se hayan manifestado todavía y quizás se vean un poco más adelante en los juzgados de lo mercantil, lo social o lo civil, por impagos, despidos…
–Con este segundo estado de alarma y los confinamientos, ¿han tenido que volver a adoptar nuevas medidas?
–Estamos en permanente comunicación con la Administración autonómica para que nos indique las medidas a adoptar, sobre todo en las salas de vistas, pero nos dicen que son prácticamente las mismas que ya estamos aplicando desde junio, con lo que mantenemos el ritmo de señalamientos, incluso a ritmos superiores que a principios de junio.
–¿Sería todo más fácil si existiera la Ciudad de la Justicia?
–Sin duda sería más ágil. Contar con herramientas digitales, el expediente digital e infraestructuras judiciales adecuadas sin duda lo facilitaría. Tenemos el juzgado de Luarca, que está construido, pero seguimos en las antiguas instalaciones donde no se puede garantizar la seguridad, en Langreo hay carencia de ventilación y en Oviedo, con siete sedes judiciales, no se permite el intercambio de salas. Al final, todas las carencias se compensan con el esfuerzo y el trabajo de todos y con la limitación de aforos.
–Esa limitación provoca que haya operadores que van a juicios y no pueden entrar, por ejemplo, los procuradores.
–La Sala de Gobierno del TSJA ha aprobado esta semana dos medidas. Una es suspender las vistas y actuaciones profesionales si los abogados tienen en su entorno a personas en cuarentena por contacto estrecho o que estén contagiados. La otra va destinada a los procuradores, para que sean eximidos de acudir cuando sea previsible que no van a poder acceder a la sala de vistas, para evitar su traslado. Las salas de vistas son pequeñas y se ha solicitado habilitar salas en otros espacios. Por ejemplo, se tiene que celebrar un juicio penal en el que tienen que estar en la sala 26 personas, y no tenemos espacios con ese aforo. Hemos autorizado a buscar una sala fuera, incluso aquí, en el TSJA, pero estamos a la espera de que la magistrada y el Principado comprueben si se puede celebrar o no.
–Cuando dice de habilitar salas de vistas en otros espacios, ¿tiene alguna propuesta?
–Pues por ejemplo en la Feria de Muestras o en otro recinto o instalación de ese perfil, que permitiría aprovechar ese espacio ahora, durante la pandemia, pero también en otros momentos, cuando se celebren juicios en los que tengan que participar muchas personas.
–Hablando de pandemia. ¿Puede explicar por qué unos tribunales superiores de justicia han dado el visto bueno a algunas restricciones y otros no? Por ejemplo, el de Asturias ha avalado que no se puedan reunir más de seis personas, el del País Vasco no.
–Los jueces aplican la ley y la interpretan. Cuando hablamos de derechos fundamentales, como el de la libertad de movimientos, de reunión o de culto, se exigen instrumentos jurídicos tipificados en la Constitución, también el control judicial. No se puede hacer de cualquier manera. La legislación ahora es la misma que en enero de 2020 y los tribunales de justicia la aplican. Unos entienden que al ser igual es necesario que se decrete el estado de alarma para limitar esos derechos fundamentales, mientras que otros priorizan la lucha contra la pandemia, interpretan que es necesario actuar, y son más flexibles.
–¿Hay que cambiar la ley para que haya un criterio común?
–Hay que establecer un sistema legal que de manera clara e indubitada evite estas disfunciones en la interpretación de la norma. En cualquier caso, el ordenamiento jurídico establece que cualquier decisión debe ser proporcional, y ahora la situación parece claramente de emergencia sanitaria.
–El Consejo General del Poder Judicial acaba de designar al nuevo presidente de la Sala de lo Social, pero sigue pendiente designar a su sustituto en la del Contencioso-Administrativo.
–El Consejo también se vio afectado por la pandemia y tuvo meses de inactividad en lo que se refiere a los nombramientos, y ahora se ha ido sacando adelante lo pendiente. Pero además está en interinidad, quizás por eso ha optado por no llevar aún a pleno la decisión entre dos magistrados para la sala, que tiene una presidenta en funciones. La disfunción en Contencioso-Administrativo ha venido más por la salida de cuatro magistrados en solo seis meses. Tres se jubilaron y yo pasé a la presidencia. En septiembre se incorporaron dos magistrados y falta por cubrir una plaza de magistrado especialista.
–¿Lo que está pasando con la renovación del Poder Judicial es una evidencia del intento político de controlar a la judicatura?
–La culpa de lo que está pasando la tienen el Congreso, el Senado, los grupos parlamentarios y quienes están detrás. El sistema que hay es el que hay, y todos deberían hacer un esfuerzo. Es sabido que la mayoría de los magistrados y jueces abogamos por elegir nosotros mismos a todos los vocales de procedencia judicial, y no es lo que está pasando ahora.
–Hay quienes defienden otras fórmulas para evitar la politización.
–Ya las hubo. Es más, en 40 años ha habido cuatro sistemas de elección de vocales. Se trata de garantizar que la fórmula que se aplique no tiene un uso desviado, y como mejor se garantiza es con el sufragio entre magistrados y jueces.
La mayoría de magistrados y jueces queremos elegir a los vocales del Poder Judicial
–¿Qué piensan ustedes cuando se les acusa de estar politizados?
–Pues sentimos frustración y hartazgo. La justicia no está politizada. El año pasado, por ejemplo, se dictaron en Asturias 46.600 sentencias, lo que significa una media de 340 por cada juez, y 54.000 autos. Esas cifras muestran lo mucho y bien que se trabaja. Si los ciudadanos no creyeran en los jueces, no habría tantos demandantes de tutela judicial para que resuelva sus conflictos.
–Pero hay sentencias que los ciudadanos no comprenden, e incluso consideran injustas.
–El Derecho es una ciencia, con un alto componente técnico. La norma no es necesariamente justicia y lo que se aplica es la norma. Hay ocasiones en las que las cuestiones técnicas impiden alcanzar resultados que para la sociedad serían los aceptables. El juez dicta sentencias, y la norma impide a veces buscar una solución más justa. Por eso la famosa frase de que “no hay causa sin defensa”.
–Esa reflexión lleva a la conclusión de que hay que cambiar muchas leyes
–Hay que cambiar leyes. Deberían ser menos y de más calidad para que den más seguridad jurídica. Que haya una aplicación igual de la ley por todos con normas claras y recursos que permitan unificar certezas, facilitar recursos en doble instancia y mecanismos para resolver con mayor prontitud.
–Volviendo a la elección de jueces. En Asturias sigue pendiente la de un magistrado de lo civil y lo penal.
–Hay un manifiesto retraso en la Junta General del Principado para presentar al Consejo General del Poder Judicial una terna de magistrados entre los que realizar la designación. Ya se le pidió en el verano de 2019 y está acabando en 2020. Y esta situación sí que genera disfunciones, porque la sala se debe completar y eso obliga a tener que mover a otros jueces.
–Bueno, ese retraso será también por la pandemia.
–A nosotros la pandemia no nos sirve de excusa para todo, aunque es cierto que me ha impedido ejecutar algunas medidas incluidas en el programa que presenté en el Consejo cuando opté a la presidencia, pero la prestación de servicios se ha mantenido adaptándonos a las circunstancias. Pero se han reforzado las relaciones con los jueces y la transparencia, y se han optimizado las relaciones con los colegios profesionales. Hay que enviar un mensaje positivo de que el sistema judicial está preparado para atender la demanda de los ciudadanos.
