El exalcalde de Ponga Cándido Vega, que encabezó la candidatura de URAS-PAS y más tarde la de Foro Asturias, pasó en la mañana de ayer por el banquillo para responder de un nuevo delito de prevaricación, esta vez por hacer cinco contratos a dedo, “sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma directa y atendiendo a su mera voluntad personal en la elección de las personas a contratar”. Vega se negó a declarar en el juicio, ya que sostiene que todo se trata de una “persecución política”. Las contrataciones eran urgentes y se realizaron, según sostiene, en beneficio del municipio.
La Fiscalía elevó a definitiva su petición de inhabilitación especial para empleo o cargo público en las corporaciones locales durante 10 años, “con el contenido definido en el artículo 42 del Código Penal, lo que implicaría la pérdida de su condición de alcalde o concejal, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho periodo, si bien no implicaría la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera”.
En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, declararon, entre otros, la actual alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, del PSOE, que fue la que puso en conocimiento de las autoridades las contrataciones irregulares. El abogado de Vega, José Alberto Montes, pidió tener en cuenta cuatro autos de sobreseimiento del Juzgado de Cangas de Onís respecto a denuncias por prevaricación y alzamiento de bienes contra Vega.
