—¿Qué hacemos? Estamos aquí, con toda la vida armada y dicen que nos dejan salir de Asturias sin un certificado. —Le cuenta un cliente al dueño de una agencia de viajes. Son las 8.20 horas del jueves y le acaba de sacar de la cama.
—Os lo dije. Esto solo pasa en Asturias... —Responde desolado el agente, que ya les había avisado de que, con el cierre perimetral, necesitaban un justificante para regresar a Brasil. El objetivo del viaje era cuidar de la madre de la mujer, de nacionalidad brasileña, que vive en un pueblo del país sudamericano.
—Pero qué justificante me va a hacer mi suegra… ¿Y qué hacemos ahora?
Lo único que queda es ver, en tierra, como despega el avión con destino a Madrid mientras se busca la manera de justificar un desplazamiento que, aunque amparado como excepción al cierre perimetral, necesita un certificado por escrito. Y, una vez conseguido el papel, afrontar la penalización impuesta por la aerolínea para cambiar de fecha los vuelos. A lo que habrá que sumar el coste de una nueva PCR, si es que el país receptor la exige, porque lo normal es que la vigencia de la que ya se habría hecho el pasajero haya caducado. Y la historia se repite una y otra vez en el aeropuerto asturiano. Aunque pequeño, este puede convertirse en un laberinto legal, burocrático y lingüístico para los extranjeros que quieren abandonar España, bien para regresar a su país o para viajar por causa justificada, pero difícilmente justificable. Algo que las agencias de viajes del Principado denuncian que solo está ocurriendo en Asturias. “Se lo contamos a compañeros de otras comunidades y alucinan”, cuentan desde la asociación que agrupa a las empresas. Las restricciones de movilidad de la pandemia dan lugar a situaciones absurdas a la puerta de los aviones que vuelan desde el Principado.
“Sin justificante no pueden embarcar”, cuentan desde la agencia que les informó la Benemérita a los pasajeros.
La pareja que viajaba a Brasil, finalmente, consiguió salir del país con la ayuda de la agencia avilesina. La misma que se volvió a encontrar con una situación semejante durante la mañana del viernes. Esta vez eran dos ciudadanos indonesios los que se enfrentaban al control que la Guardia Civil establece a primera hora de la mañana. A estos, además, les separaba la barrera del idioma. Los extranjeros llevaban seis meses embarcados en un pesquero del concejo de Gozón, pero no hablan castellano. El barco llegó a puerto a finales de octubre y los marinos pretendían volver a su país de origen, donde todos tienen familia y residen habitualmente. Por lo menos la mitad del año en la que no prestan servicios en el Cantábrico. Fueron interrogados por los agentes de la Benemérita, que comprobaron los permisos de residencia, los dos vigentes en el concejo de Avilés. Y el pasaporte no fue suficiente para regresar a su país de origen. “Sin justificante no pueden embarcar”, cuentan desde la agencia que les informó la Benemérita a los pasajeros. Los agentes son inflexibles al respecto. Ellos, le explican al empresario que solo cumplen órdenes. La cuestión es de quién.
Desde la agencia de viajes vuelven a poner la maquinaria en funcionamiento. Un engranaje oxidado desde marzo. Desde entonces, las agencias de viajes han reducido sus ingresos y su actividad en un 93% y, prácticamente, lo único con lo que trabajan en estos tiempos es en tratar de devolver a sus países de origen a extranjeros residentes en España. Así, desde la agencia avilesina entran en un bucle burocrático, un callejón sin salida. En un primer momento desde la patrulla de Guardia Civil encargada del aeropuerto asturiano les explican que “es la orden que tienen”. El pasaporte no basta. Así, llaman a la consejería de Turismo, desde donde les aseguran (siempre en palabras de la agencia) que “los extranjeros no tienen ningún problema para volver a su país de origen”. Pero que, de todas formas, tienen que hablar con Delegación de Gobierno, de quien depende el cuerpo en Asturias. Los representantes del Estado en la región le explican que las competencias, en este caso, están delegadas y que tiene que hablar con el Principado. ¿Con quién? Con la consejería de Turismo.
En este punto, el agente de viajes opta por ir al origen del problema. A través de sus clientes contacta con el dueño del pesquero en el que habían pasado el último medio año. Así, salvando el problema del idioma de los viajeros, les consigue el certificado que acredita el fin de la prestación de sus servicios en alta mar. Una vez con él vuelve a ponerse en contacto con la Guardia Civil, que le asegura que con dicho justificante los pasajeros ya podrán viajar. El coste para los indonesios: 400 euros por el cambio de los billetes a unos más caros (por la cercanía de fechas entre la compra y la salida de los vuelos) y otros 140 por la realización de una nueva prueba PCR. La que se realizaron el pasado lunes ha perdido su vigencia y precisan de una nueva que acredite su estado de salud de cara a la aerolínea y a su país de destino (y origen).
Desde Delegación de Gobierno explican que la razón por la que se negó el embarque es que al tener un permiso de residencia vigente en el Principado, pese a ser no nacionales, a los viajeros se les aplica el mismo cierre perimetral que a los ciudadanos del Principado. Y, así, la norma es igual para volver al país de origen que para desplazarse a otra comunidad. Algo que, desde las agencias de viajes de la región aseguran que solo se está aplicando en Asturias.
O que se aplicaba. En el último vuelo con destino a Madrid, una ciudadana de la República Dominicana solo tuvo que presentar el pasaporte extranjero para ante la Guardia Civil para poder embarcar. “Sin dar más explicaciones, solo decir que me voy para mi país, gracias a dios” explicaba la pasajera antes de subir al avión.
