Las duras críticas que el arzobispo de Oviedo vertió en su carta semanal a la ley Celaá siguen generando reacciones. En este ocasión, de rechazo. La responsable de Educación del Consejo Ciudadano de Podemos Asturias, Ángeles Fal, culpó ayer a Jesús Sanz Montes y a la derecha de difundir “bulos interesados en disfrazar la realidad”. El máximo representante de la Iglesia asturiana tachó, en su escrito, la reforma educativa de “abusiva y totalitariamente impuesta” y acusó al Gobierno de “perseguir la educación que no coincida con su ideología”. Sus palabras encontraron el respaldo de la concertada y el rechazo de la pública.

La formación morada se sumó ayer a ese malestar y desmontó cuatro “bulos”, “sin necesidad de insultar”, remarcó Ángeles Fal. En concreto, el ataque a la libertad de elección de las familias, el cierre de los centros de educación especial, la falta de consenso y aprovechar la pandemia para tramitar la reforma educativa. Sobre el primero, la responsable de Educación de Podemos Asturias defendió que la ley Celaá o LOMLOE “viene a revertir años de recortes y de destrozos en la educación pública”. Por eso, el texto, que llegará esta semana al Congreso, “define a la pública como eje vertebral del sistema y apuesta por aumentar las plazas”. “En España, solo el 67% de los alumnos están escolarizados en la red pública, mientras que la media europea se sitúa en el 81%. Esto no quiere decir que la concertada vaya a desaparecer. El señor Arzobispo y toda la gente que está interpretándolo así puede estar tranquila”, explica Fal, que profundiza aún más en esta idea. 

“Lo que hace la ley es que los colegios privados concertados tengan sencillamente las mismas reglas del juego que los centros públicos. Es más que cuestionable el argumento de apelar a la libertad de elección cuando quienes lo utilizan lo hacen desde una posición de la educación como negocio y muchas veces de adoctrinamiento”, agrega.  

La representante de Podemos Asturias pasa al siguiente “bulo”: la desaparición de los centros de educación especial, como argumenta la concertada. “La ley aborda las deficiencias detectadas en el informe de derechos de personas con discapacidad de la ONU, que habla de una grave vulneración del artículo 24 sobre el derecho a la educación. Por ello, en la nueva ley era necesario reforzar la educación inclusiva, que había sido infrafinanciada por los gobiernos del PP. Apostar por la educación inclusiva no es incompatible con garantizar la educación especial”, insiste. 

Apostar por la educación inclusiva no es incompatible con garantizar la educación especial

Por otra parte, Ángeles Fal se refiere a la falta de consenso que critica el Arzobispo en su carta semanal. “Es otra falacia más. La ley ha pasado por todos los trámites preceptivos, de hecho, se han incorporado más de 300 enmiendas que provienen de la comunidad educativa y de los grupos parlamentarios”. Fal desmonta, por último, el argumento de que se quiera aprovechar la crisis sanitaria para sacar adelante la LOMLOE. “Precisamente esta crisis nos ha demostrado que hacía falta una reforma educativa que acabase con la LOMCE. La nueva ley recoge un plan de contingencia para que todos tengan derecho a la educación en cualquier circunstancia, medidas para la competencia digital, la brecha digital...; algo que no planteaba la LOMCE y que se ha echado en falta en la covid-19”, concluye.