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La ley Celaá profundiza la división en la enseñanza y saca a la calle a profesores y padres

La enésima reforma educativa llega al Congreso envuelta en polémica y con más de un millón de firmas de rechazo

Manifestantes de Más Plurales, la plataforma que aglutina a la red concertada, la semana pasada frente al Congreso de los Diputados.

Manifestantes de Más Plurales, la plataforma que aglutina a la red concertada, la semana pasada frente al Congreso de los Diputados. C. M.

Debía ser la ley del consenso, la ley que contentase a la izquierda y a la derecha, la ley definitiva después de seis normas en 40 años... Perola reforma educativa del PSOE y Unidas Podemos, conocida como ley Celaá, ha caído, de nuevo, en los errores del pasado y camina

Guerra política por el castellano

Precisamente esa ha sido la última “bomba” informativa en torno a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). El Gobierno de coalición cedió la semana pasada, en la Comisión de Educación, a las peticiones de ERC para eliminar el concepto de “lengua vehicular” introducido en el texto de Wert, el que todavía sigue vigente. La derecha lo ve como un ataque al castellano, que perderá peso en el sistema educativo de algunas comunidades, como Cataluña. Fruto también de la aprobación de una enmienda del partido independentista, la futura reforma eliminará los conciertos a los centros que diferencien a los alumnos por sexo. Esto quiere decir que pasarán a ser privados, que ya no recibirán financiación de la Administración. En España son muy pocos lo que optan por este modelo (unos 90) y en Asturias solo quedan dos: Los Robles y Peñamayor, vinculados al Opus Dei.

Desaparece el término “demanda social” para la concertada

Al margen de estas dos polémicas, lo que más preocupa a la concertada –32.000 alumnos y más de 2.500 profesores en Asturias– es la eliminación en la ley del criterio de “demanda social”, que permitía hasta ahora a los centros de esta red sacar más plazas si así lo pedían las familias. En su lugar, la LOMLOE promoverá el aumento de plazas públicas, buscando “cohesión social y la consideración de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa”. La ministra Isabel Celaá ha reiterado en varias ocasiones que la norma que lidera no ataca la enseñanza concertada y ha explicado que quitar el concepto de “demanda social” obedece a que “la enseñanza pública es la obligación de la Administración pública”. Los colegios con conciertos lo ven de forma diferente y aseguran que este cambio pone en riesgo sus puestos de trabajo –al perder alumnos– y atenta contra la libre elección de centro por parte de las familias. La reforma también controlará la exigencia de cuotas obligatorias en los colegios concertados.

Integra a alumnos con necesidades especiales en los centros ordinarios

Otro de los puntos más controvertidos es el referido a los centros de educación especial. La ley fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios “de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”. Al contrario de lo que defiende la concertada, la Ministra Celaá ha dicho que su intención no es cerrar los centros de educación especial, que seguirán atendiendo a alumnos que requieran una “atención muy especializada”. De hecho, el objetivo del Gobierno es convertirlos en “centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. A pesar de la negativa del PSOE, lo que está claro es que estos equipamientos sufrirán una merma de estudiantes y, por tanto, la supervivencia de algunos está en duda.

La Religión no contará para la nota

El texto que derogará a la ley Wert recorta la asignatura de Religión, pues su nota dejará de contar para la media y no servirá, por tanto, para pedir becas o acceder a la universidad. Dejará de tener una asignatura espejo o alternativa, como ocurre ahora con Valores, y en Bachillerato no tendrá la consideración de materia específica. En consecuencia, Valores Cívicos y Éticos, como se llamará la nueva Educación para la Ciudadanía, perderá también peso.

Se eliminan los itinerarios y vuelven los programas de diversificación

Por etapas, y comenzando por abajo, la LOMLOE quiere impulsar la Educación Infantil. Un ejemplo de ello es que la etapa de 0 a 3 años pasará a tener carácter educativo, de forma que las escuelas tendrán que cumplir “unos requisitos mínimos” y presentar “una propuesta pedagógica”. La futura ley, además, incluirá el compromiso de las autonomías de “incrementar progresivamente” la oferta de plazas. En Primaria, el texto de Celaá recupera la organización de la etapa en tres ciclos –1º y 2º, 3º y 4º, y 5º y 6º–. Y en Secundaria se eliminan los itinerarios y vuelven los programas de diversificación. Los itinerarios fueron introducidos en la ley del PP y permiten que los alumnos con problemas académicos sean derivados en 2º y 3º de la ESO a una vía alternativa –una especie de FP básica– para luego volver junto al resto en 4º. Estos itinerarios serán sustituidos por los programas de diversificación, que permiten modificar el currículo desde 3º para que los estudiantes con dificultades puedan obtener la misma titulación que el resto pero de forma adaptada.

Bachillerato en tres años

La futura ley de educación incorpora una nueva modalidad de Bachillerato. A los tres actuales de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes, y Ciencias –disciplina a la que se añadirá Tecnología–, se suma la “general”. En ella los estudiantes podrán recibir contenidos combinados de los tres modelos ya vigentes. Otro de las novedades de la norma es que los estudiantes podrán cursar el Bachillerato en tres años. Con ello, Celaá quiere combatir el abandono temprano y, por ello, y al igual que sucede en la universidad, permite que los alumnos solo tengan que repetir las asignaturas suspensas y no todas. El Gobierno también establece que “extraordinariamente” los estudiantes podrán obtener el título “por compensación”. Es decir, podrán sacar el Bachillerato aun teniendo una asignatura suspensa.

Pasar de curso con dos asignaturas suspensas

Y de repetición va otras las polémicas de la LOMLOE. Uno de los objetivos del Gobierno es reducir la tasa de repetición, que en España se sitúa en el 30%. Asturias es la tercera comunidad con menos abandono temprano y la cuarta con menos alumnos repetidores en la ESO –un 7,2%– , según datos del Ministerio de Educación. Para reducir ese 30%, el departamento de Celaá toma varias medidas. En Primaria solo se podrá repetir al final de cada ciclo; es decir, en 2º, 4º y 6º. En Secundaria se da la posibilidad de que los estudiantes con más de dos asignaturas suspensas pasen de curso “de forma excepcional”. Y en Bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa, también de forma “excepcional”.

No habrá reválidas y se recupera la PAU

La LOMLOE se carga las polémicas reválidas y pone en su lugar pruebas muestrales y plurianuales sin efectos académicos. Habrá evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO “de carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa”. También habrá otras pruebas en 6º de Primaria y 4º de la ESO, que serán muestrales. La ley Celaá recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en sustitución de la actual EBAU, que se caracteriza por tener una fase obligatoria y otra voluntaria para subir nota. Esta última no existe en la PAU.

Menos intervención de Madrid

Por otro lado, la reforma educativa realiza cambios en el currículo escolar. El Ministerio considera que la LOMCE hizo una “excesiva regulación” de las asignaturas y, por ello, vuelve al reparto competencial que existía con la LOE. En ella el Estado fijaba el 65% del contenido de las materias –55% en el caso de las comunidades con lengua cooficial–, dejando a los gobiernos autonómicos que pusieran sus propios contenidos en el porcentaje restante.

Sin consenso

Una de las críticas en las que coinciden tanto los de un bando como los del otro es que la ley Celaá nace sin consenso previo. El texto llega al Congreso, antes de su debate en el Senado, habiendo incluido casi 350 enmiendas –la mayoría del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat y Más País– pero sin haber escuchado antes a la comunidad educativa. O al menos no a toda, como denuncian docentes, familias y alumnos, que acusan al Gobierno también de aprovechar un momento delicado, como es la pandemia, para acelerar su tramitación. Aun sí y a la vista de lo sucedido en la Comisión de Educación –logró el respaldo de los socios de Gobierno, ERC, PNV y Más País, con la ausencia de EH Bildu–, la ley Celaá tiene muchas papeletas para que el Congreso dé mañana luz verde a su aprobación y entre en vigor el curso que viene.

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