La ofensiva política contra las restricciones adoptadas por el Principado, que libran con modulación de voces los grupos del centro-derecha, trasladará el campo de batalla a los Juzgados. En vanguardia de una acometida cuyos fundamentos teóricos coinciden y los métodos difieren, sólo el PP ultima la elaboración y prevé presentar en los próximos días un recurso especial de protección de los derechos fundamentales para requerir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que impugne la decisión del Gobierno del Principado de prorrogar hasta el 3 de diciembre tanto el cierre de la hostelería y el comercio como los confinamientos perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés. Materializando la advertencia de la semana pasada, los populares asturianos abundan así en su tesis respecto a la falta de asiento “técnico” que afean a los decretos recién promulgados y en su denuncia de que han sido desoídas sus reiteradas peticiones de los informes científicos que los sustentan.
El recurso, de presentación inminente, valora pero de entrada renuncia a solicitar medidas cautelares contra las medidas impugnadas y se opone a los decretos de prórroga de las restricciones que publicó anteayer el Boletín Oficial del Principado (BOPA) por entender que vulneran los artículos 14 y 19 de la Constitución, los que regulan, respectivamente, los derechos a la no discriminación de unos españoles frente a otros y su libertad de circulación y movimiento. Los populares creen vulnerados esos derechos por la falta de justificación de las medidas que los restringen. En la resolución, afirma la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, “se habla de informes externos extranjeros, pero sigue sin aparecer ninguno de los comités de expertos que tiene el Principado, y que no sabemos a qué se están dedicando, que demuestre que los cierres de actividad y los confinamientos perimetrales van a contribuir a mejorar la situación sanitaria de los asturianos”. La fundamentación jurídica de la apelación al TSJA son las decisiones que “no están debidamente justificadas”, abunda el diputado Pablo González. “Es esa falta de justificación de motivos lo que provoca la reacción del PP. No nos valen los informes técnicos con datos médicos que no relacionan la causa con el efecto, o las medidas con las soluciones” que se adoptan.
Sin llegar ni a la amenaza ni al recurso efectivo a los tribunales, otros colegas de otras bancadas del centro-derecha en la Junta han elevado la voz para pedir una reapertura segura del comercio y la hostelería y la justificación de las medidas. Ciudadanos reclama el establecimiento explícito de los baremos de contagios e indicadores sanitarios que tutelarán los cierres mientras el portavoz de Foro, Adrián Pumares, también exigió el miércoles a Adrián Barbón “los informes técnicos y científicos que avalan” las decisiones del Gobierno, en su caso apuntando hacia “estudios científicos que defienden que es preferible reducir el aforo de los lugares que son focos de contagio que limitar la movilidad, una medida que puede llegar a ser incluso contraproducente”. Vox, por su parte, ha dado a su exigencia de reapertura la forma de una proposición no de ley recién registrada en el Parlamento asturiano.
El PP acompaña su recurso a los tribunales con la petición “de que reabran de manera inmediata el comercio, la hostelería y todas aquellas actividades cuyo cierre no ha demostrado que mejora la situación sanitaria”, vuelve Mallada, y con otra para que comparezcan en la Junta los componentes del comité de expertos nombrado por el Principado “para que uno a uno vayan dando explicaciones en sede parlamentaria”. La portavoz popular afea también al Gobierno su pertinaz resistencia a atender sus reiteradas peticiones de las razones técnicas y científicas que dan sustento a sus medidas. “Venimos pidiendo los informes que avalan las decisiones del Gobierno desde el 9 de junio”, dijo Mallada, aludiendo a registros de peticiones en la Junta y a varias cartas dirigidas al presidente del Principado, la última del pasado martes, sin respuesta satisfactoria.
La portavoz popular reprobó igualmente “la chulería de Adrián Barbón” por acusarla de desconocer los cauces oficiales para la solicitud de información al Gobierno. “Las solicitamos en la comisión de Salud, en la comisión especial del covid y el día antes del Pleno registramos una petición al presidente de la Junta. No se pueden pedir de más formas los informes justificativos de las decisiones del Presidente”, apunta la portavoz y presidenta del partido en Asturias, para quien Barbón “está más preocupado de ver cuántas visualizaciones tienen los vídeos de sus entrevistas que de saber cuántos asturianos no tienen camas en los hospitales o en las UCI o cuántos autónomos están pasando hambre”.
Pronto para la desescalada
El interpelado, por lo demás, advirtió ayer, en una entrevista en Telecinco, que aún “es pronto para hablar de un proceso de desescalada” en Asturias porque “queda mucha batalla” para controlar el avance de la pandemia, aunque el Ministerio de Sanidad está convencido de que las restricciones adoptadas pueden servir para “doblegar” la curva en los próximos días.
Recursos pendientes en otras regiones y sentencia favorable al Gobierno en Navarra
Las medidas de restricción de la movilidad adoptadas por los gobiernos autonómicos han dado trabajo a los tribunales superiores de justicia, con división de opiniones. Antes de la declaración del segundo estado de alarma en todo el país, a comienzos de octubre, la falta de cobertura legal que los magistrados observaron en las decisiones de los ejecutivos de Aragón y Madrid dio al traste por ejemplo con sus pretensiones de confinamiento perimetral. Los tribunales detectaron en estos casos que en la ley de Salud Pública no había asiento suficiente para restringir derechos fundamentales. En otros supuestos, y sobre todo después del estado de alarma, las respuestas han sido distintas. Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha avalado la licitud de la prórroga del cierre de la hostelería en la comunidad foral al considerar la medida “proporcionada” y justificada por la evolución de la situación epidemiológica. Medidas similares han sido objeto de recursos pendientes de resolución por ejemplo en el País Vasco o en Cantabria. Mientras, en Cataluña los tribunales han requerido al Gobierno para que justifique debidamente los cierres.
