La proliferación de protestas en los últimos tiempos han llevado a la Delegación del Gobierno a recalcar la normativa relativa al derecho de reunión. Advierte de que “cuando algún colectivo tenga previsto convocar una concentración pública de más de veinte personas, debe comunicárselo a la Delegación del Gobierno con un plazo de diez días de antelación o de 24 horas en el caso de ser una convocatoria urgente”. Además, “es necesario que la autoridad cuente con un margen suficiente de tiempo para estudiar la aplicación de las medidas sanitarias necesarias en el contexto del vigente estado de alarma”.
