Noemí Doce es vasca. Javier Cachán madrileño de madre asturiana. Ella es abogada y él trabaja en navegación aérea. A este matrimonio la política les interesa más bien poco o lo justo. Salvo cuando esta invade una parcela que consideran sagrada: la educación de sus cuatro hijos, de edades comprendidas entre los 8 y los 13 años. Por este motivo tomaron hace dos años una decisión importante: cambiar Cataluña por Asturias como lugar de residencia para que su prole pudiera estudiar en su lengua materna, el español: “No había otra alternativa”.
Como padres, advierten, no están dispuestos a que “se haga política con la educación” de sus hijos ni que estos “paguen el clientelismo de los nacionalismos”. Tienen claro que la reforma educativa de PSOE y Podemos, la polémica y contestada ley Celaá –que elimina el español como lengua vehicular– aprobada esta semana por la mínima en el Congreso, no traerá nada bueno: “Con esta norma allí se agravará la situación”.
El matrimonio sabe de lo que habla. Ellos fueron una de la treintena de familias que acudieron a los tribunales para hacer valer el derecho recogido en la Constitución Española de que sus hijos estudiaran en castellano, al menos, lo mínimo exigido. En 2017 la justicia les dio la razón y el colegio público Josep Guinovart de Castelldefels (Barcelona) tuvo que reforzar el uso del español, que con este se impartiera un 25% de las horas lectivas.
“Creemos que el asunto lingüístico es muy relevante en la educación”, expone el matrimonio. “Queríamos que nuestros hijos tuvieran la posibilidad de estudiar en español, su lengua materna, y que este fuera la herramienta para aprender otras asignaturas. Pero la inmersión al catalán anula completamente el castellano, es una anulación cultural”. Un hecho, dicen, que no pueden permitir: “Privar a nuestros hijos de su lengua es fallarles. El español les abrirá puertas, les dará oportunidades al viajar por el mundo y es, en el fondo, el pasaporte para viajar entre las comunidades de nuestro país”.
Javier Cachán tiene claro que la nueva ley educativa no hará sino avalar una irregularidad manifiesta en Cataluña de marginar el español. “Se saltan la ley y con la LOMLOE lo cambian para que no sea así al no reconocer el castellano como lengua vehicular. Creo que se agravará la situación y, además, se abre la posibilidad de que el resto de comunidades sigan el ejemplo catalán”. Cachán opina, además, que la inmersión forzada que en muchos casos se aplica no hace otra cosa que perjudicar al catalán que tanto quieren proteger: “Se expande lo que llaman el ‘catañol’, un catalán castellanizado por no ser enseñado con rigor”.
Noemí Doce advierte, no obstante, de que siempre estará la Constitución de barrera de defensa, pero ve un “fracaso” del sistema que ellos como otros padres hayan tenido que acudir a los tribunales y buscar tutela judicial para que se haga efectivo un derecho constitucional.
Pese a haber ganado y lograr el aprendizaje en castellano para sus cuatro hijos, el problema no acabó. Al demandar, se vieron envueltos en un “entorno hostil”, en el Ayuntamiento llegaron a presentar una moción para que no se aplicase el auto judicial y otros padres se les echaron encima. “Vivimos mucha presión y perdimos la confianza en el sistema educativo”, resume el matrimonio, que hoy por hoy ve la decisión de trasladarse a Asturias como una de las mejores tomadas. En Cataluña tienen muchos amigos y muchos buenos recuerdos de 12 años de residencia. Pero asumen que la situación es “asfixiante”. Noemí Doce y Javier Cachán –cuya tía abuela por parte materna fue la escritora en asturiano Florina Alías– ven difícil que en Asturias puedan darse problemas tan extremos con el asturiano y el español al ser este un escenario completamente distinto.
Pero el matrimonio sentencia: “Si te pisan un derecho tan importante, te levantas y luchas. No escatimaremos para dar la mejor educación a nuestros hijos”.
La supresión de la condición de lengua vehicular es una “idiotez sin límites” para Vargas Llosa
No ha gustado en la Real Academia que el castellano deje de ser lengua vehicular (medio de transmisión) en la enseñanza, tal y como recoge la controvertida LOMLOE. La institución mostró su “preocupación” por que el futuro texto legal de la llamada ley Celaá “no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna”. Los académicos confían en que “el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar”. En la Academia echaron mano de datos como que el español conforma una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas de las que más de 485 millones lo tienen como lengua materna. A título personal numerosos escritores se han pronunciado sobre el que muchos ven un “atropello” al español. El exministro de Cultura César Antonio Molina considera una “estupidez” eliminarlo como lengua vehicular. El Nobel Mario Vargas Llosa ve la supresión “una idiotez sin límites” y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha mostrado su convencimiento de que la ley siempre favorecerá “la integración y bilingüismo" y no será una arma que “persiga el español”. Otros, como el escritor gallego Manuel Rivas, no ha visto bien el comunicado de la Academia, que tachó de “lamentable” por al considerar que la institución ha actuado en este caso como una “facción política”.
