Entre largas y silencios, tras veinte meses reclamando una actualización salarial que no llega, unos doscientos investigadores predoctorales de la Universidad de Oviedo han desarrollado cierta sensación de que “nos están tomando el pelo”. Su tiempo de espera empezó a contar en marzo de 2019, cuando el Gobierno aprobó el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) y estableció por primera vez una tabla salarial de mínimos para ellos, que se sienten la “semilla” de la investigación del futuro, que llevan un año y ocho meses sin recibir los emolumentos que creen que la ley les reconoce.
En la práctica, la norma define un nuevo suelo para sus sueldos al que antes no llegaban “ni de lejos”. Calculan que la aplicación de la norma a los contratos que estaban en vigor en marzo de 2019 les debería haber generado hasta 7.000 euros en el caso más sangrante, pero ayer no los habían visto. Se quejan de que la Universidad no actualiza sus salarios ni después de varias reuniones que agotaron “la vía diplomática”, ni tras una demanda de conflicto colectivo que presentaron con el apoyo del sindicato CCOO ni de paralizarla al recibir un compromiso firmado del Rector que tampoco se ha cumplido. Al saber de la falta de voluntad de la institución académica, han decidido reactivar la acción judicial.
Los 7.000 euros del caso con más dinero pendiente, “y subiendo”, se acercan a “la mitad del salario anual” de unos trabajadores poco más que mileuristas a los que molesta especialmente, dicen, “la doble cara del elogio a la investigación de puertas para fuera” mientras a muchos predoctorales “no se les da el mínimo que exige la ley”, resalta Javier Rodríguez Arango, uno de los afectados. La Universidad, apuntan, discute la retroactividad del estatuto y se agarra para ello a cuatro sentencias del Tribunal Supremo que otras tantas universidades españolas perdieron, pero que incluyeron entre sus argumentos la posibilidad de que “una interpretación factible” de la norma sea “que podría no aplicarse a los contratos anteriores” a su entrada en vigor. “Lo dice en condicional”, resalta Rodríguez Arango, y en la institución académica “se olvidan de una quinta sentencia en la que el Supremo aclara que el tribunal no puede entrar a valorar “lo que son simples dudas de interpretación de la norma, que no debe esclarecer un órgano jurisdiccional”.
Hay además, perseveran los afectados, un informe jurídico de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), donde se interpreta que “los salarios devengados a partir del día 16 de marzo de 2019 de todos los contratos predoctorales, presentes y futuros, deberían ser actualizados a la garantía salarial profesional mínima”, y una instrucción del Ministerio de Ciencia en el mismo sentido. “Nos parece que queda muy claro”, vuelve Javier Rodríguez Arango. Aclara que “no pedimos la retroactividad de la norma, sino que se aplique desde el momento en que es efectiva” y remata asegurando que “no entendemos esta dilación de la Universidad de Oviedo”, las largas en las que “supuestamente nos iban a pagar en junio, después en julio, en septiembre y en octubre para decirnos en noviembre directamente que no lo van a hacer” después de un compromiso del Rector que decía que sí y de tener la partida incluida en los presupuestos de la Universidad para este año. “Llevan muchos meses estirando la cuerda”.
