Asturias reivindica una estrategia nacional para el lobo compatible con los planes que se desarrollan actualmente en las autonomías del Noroeste, que concentran la mayor población de esta especie de toda España. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, y el director general de Medio Natural, David Villar, trasladaron ayer este planteamiento tras mantener una reunión con sus homólogos de Cantabria, Castilla y León y Galicia acerca de la gestión del lobo después de que la pasada semana quedara patente la disparidad de criterios en el seno del PSOE: están los que se alinean con los postulados más conservacionistas, como el secretario de Estado, Hugo Morán, y quienes juzgan necesario un control de la especie para atender las reclamaciones de los ganaderos.

Las cuatro autonomías que aglutinan el mayor porcentaje de lobos de todo el país celebraron ayer una cumbre telemática, en la que concluyeron la necesidad de alcanzar un acuerdo de ámbito estatal que esté definido por el consenso, la coordinación y la corresponsabilidad. El Principado fija esa posición después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, el lenense Hugo Morán, defendiera días atrás que “el lobo debe protegerse en toda España, como recomiendan los científicos”, una línea que se aparta del segundo plan de gestión del lobo que permite el control de esta especie para que su expansión no tenga efectos negativos sobre la cabaña ganadera. Este documento permite la caza de un cupo máximo de 42 ejemplares para el conjunto de siete zonas de la región, que tiene como fin “evitar que los ataques comprometan las explotaciones ganaderas”. En Asturias, la Administración considera que hay unas cuarenta manadas estables por todo el territorio, una cifra considerada excesivamente baja por los ganaderos.

“Acordes a Europa”

David Villar, director general del Medio Natural afirmó que los diferentes planes autonómicos “son compatibles con el estatus actual de la población” y “acordes a las normativas europeas”. También destacó “la necesidad de acuerdo para abordar una estrategia nacional, que ha de ser compatible con las formas y modos de actuación de las distintas comunidades autónomas”. El Principado sostiene que esa estrategia de ámbito nacional debe abordarse “desde el consenso, la coordinación y la corresponsabilidad tanto en la gestión de la especies como en la mitigación de los efectos negativos sobre la cabaña ganadera”.