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Los investigadores pendientes de cobros piden al Rector que pase “de las palabras a los hechos”

Los afectados, unos 200, dudan de que la Universidad actualice sus salarios en diciembre después de casi dos años de espera

Cuatro de los investigadores afectados: por la izquierda, Javier Rodríguez Arango, Alba Morán, David Roiz y Manuel Ignacio de Paz, a las puertas del edificio histórico de la Universidad. | Julián Rus

Cuatro de los investigadores afectados: por la izquierda, Javier Rodríguez Arango, Alba Morán, David Roiz y Manuel Ignacio de Paz, a las puertas del edificio histórico de la Universidad. | Julián Rus M. PALICIO

Los investigadores predoctorales que llevan desde marzo de 2019 esperando a que la Universidad de Oviedo actualice –y en consecuencia, suba– sus salarios piden al Rectorado que pasa de una vez “de las palabras a los hechos”. Un grupo de los más de 200 afectados se reunió ayer con el Rector, Santiago García Granda, y la gerente, Ana Caro, esperando soluciones. Pero el equipo de gobierno, aseguran, la única solución que les ha dado es “seguir esperando”. “Nos han repetido que están haciendo lo posible por tramitar los pagos en diciembre”, señalan, como ya anunció el propio Granda en este periódico el miércoles. “Hay buenas palabras, buenas intenciones... Pero son las mismas que llevamos escuchando desde principios de junio y por ellas paramos la demanda que ahora hemos reactivado. Así que nos lo creemos lo justo”, afirman. 

El origen de la polémica está en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, publicado en marzo de 2019, y que por primera vez estableció una tabla salarial de mínimos. Desde entonces, unos 200 jóvenes científicos esperan a que sus sueldos sean actualizados y a algunos de ellos la Universidad les debe hasta 7.000 euros. El motivo por el que los pagos están paralizados es porque Intervención los ha bloqueado en base a sentencias del Tribunal Superior que no reconocen el derecho a los investigadores en formación que tienen un contrato con fecha anterior a la publicación del estatuto. 

Los afectados en Asturias critican que el Rectorado se siga aferrando a un informe jurídico con el que no están de acuerdo y que se opone a lo establecido por la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Ministerio de Universidades. “El informe incluye cuatro sentencias, pero olvidan una, la del Tribunal Superior de Vigo, que no se pronuncia ni de un lado ni de otro en lo que considera que son, y recoge textualmente, ‘simples dudas de interpretación de la norma, que no debe esclarecer un órgano jurisdiccional’. Por tanto, la Universidad podría plantearse que se ha equivocado”, comentan. Mientras llega y no el dinero pendiente, los científicos seguirán adelante con el conflicto colectivo, junto al sindicato CC OO, y denunciando su situación. “Ya se han puesto en contacto con nosotros varios grupos políticos y estamos barajando intervenir en la Junta como ya hicimos hace un año”, sentencian.

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