“Una vez finalizada la vía penal, se tomarán las medidas oportunas, pero entendemos que no hay razón para no confiar en las acciones de nuestros profesionales”. Así se pronunció ayer el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, en relación al caso de la joven Andreas F. G., de 26 años, fallecida en la planta de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en abril de 2017, después de varios días atada a la cama con autorización judicial.

La causa, en la que estaban imputados siete médicos del complejo sanitario ovetense, ha sido archivado de forma provisional por la jueza instructora al no hallar responsabilidad penal en la actuación de los facultativos. Según la magistrada María Luisa Llaneza, del Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo, de las diligencias practicadas se desprende que no existen “indicios incriminatorios para imputar un delito de homicidio por imprudencia médica” y que “no está acreditada la actuación delictiva investigada”.

“El caso ha sido sobreseído, pero la sentencia aun no es firme [ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial]. Y no se puede abrir procedimiento sancionador administrativo hasta que se resuelva la vía penal”, respondió el titular de Salud a una pregunta formulada ante el pleno de la Junta por el diputado de Podemos, Daniel Marí Ripa. Visiblemente emocionado, Ripa criticó la falta de empatía de la Administración con la familia de la fallecida y reclamó cambios en los protocolos hospitalarios, ya que “en otros países la contención mecánica por 75 horas se considera tortura".

En declaraciones a los periodistas, la hermana de la fallecida subrayó que hubo “un error diagnóstico” que confundió una patología orgánica con un problema psiquiátrico. Aitana Fernández denunció “irregularidades” en el informe del forense y que las muestras se metiesen en formol, por lo que no han podido analizarse.