Dice Adrián Barbón que se divierte con “los juegos del hambre” de PP y Vox, que a su entender “compiten por el liderazgo de la oposición”. El presidente del Principado se defendió atacando cuando tuvo que responder en la Junta dos preguntas sobre lo mismo, la “ley Celaá”, formuladas desde las dos bancadas de la derecha en términos que rivalizaban en la contundencia del rechazo. Traído así por Teresa Mallada (PP) e Ignacio Blanco (Vox), Barbón defendió la controvertida reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez invitando a la cámara a una relectura atenta del texto, pero concediendo, eso sí, que las leyes de ordenación de la enseñanza deberían surgir del consenso. “Es mentira” que la ley “liquide” la concertada, contraatacó el jefe del Ejecutivo autonómico sobre el fondo de la cuestión. “Lo que establece es que deje de haber pagos encubiertos a fundaciones y negocios que privan a algunos alumnos de poder acceder” a la red concertada.

Los dos portavoces interpelantes mencionaron una vez más su pasado como alumno de esta modalidad educativa, en el hoy cerrado colegio San José de Sotrondio, y Mallada con el añadido de un comentario que le escuchó a las monjas: de pequeño “usted quería ser sacerdote o presidente del Gobierno”. Barbón, a lo suyo, “orgulloso” de todo su pasado académico, replicó que allí “jamás se nos cobró una cuota como se exige en otros centros” y precisó, leyendo el texto, que lo que establece la nueva norma es que “en ningún caso los centros públicos o concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito o imponer la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones”. Es la manera que encuentra la ley, defiende Barbón, de impedir “la discriminación de los alumnos por razones económicas”.

Sí reconoció el presidente su deseo de que “la reforma de la legislación educativa debería ser fruto del consenso”, ese que igual que sus predecesoras tampoco tiene esta ley, pero acusó a renglón seguido al PP, enumerando los apoyos que han tenido las sucesivas modificaciones del sistema, de “bloquearlo cuando está en la oposición y no buscarlo en el Gobierno”.