La “armonización fiscal” que pretende aplicar el Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado una agria batalla política entre quienes defienden su necesidad apelando a la “igualdad entre españoles”, y quienes la consideran “ilegal e inconstitucional”. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA tienen claro que Madrid “no es el problema”, pues el hecho de ser la capital del Estado, aunque tiene efectos positivos, no le proporciona una mejor financiación. Es más, la “asimetría y el desajuste” en que se escuda el Gobierno para defender la armonización fiscal no la provoca Madrid, sino “los territorios forales”, Navarra y el País Vasco, que se encargan de casi toda la gestión tributaria, incluida la que el Estado protagoniza en el resto de España, lo que les permite mucho más margen que a las demás regiones para bajar los impuestos.
Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, niega la mayor: “La armonización fiscal ya existe, puesto que la normativa básica es estatal”, y las comunidades autónomas tienen transferidas competencias para regular algunos aspectos de determinados tributos, cedidos de acuerdo a lo que establece el sistema de financiación autonómica. Otra cuestión es que se pretenda que los impuestos sean “uniformes” en toda España, algo que cuestiona porque entonces “en cierto modo dejaría de tener sentido el sistema autonómico”.
Así que el debate actual es, según Álvarez, “artificial”, porque se “olvida” de que los territorios forales son “los más beneficiados” y los que “mayores ventajas tienen sobre el resto” con el actual sistema de financiación, y Madrid “la comunidad que más aporta”. Álvarez cree que lo que pretende el Gobierno es, de manera “desleal”, modificar el sistema de financiación autonómica “por la puerta de atrás”, “sin negociar con las regiones”. Y advierte de que “abrir el melón” de la financiación autonómica tiene riesgos, porque hay “mucho que reformar”.
Álvarez lanza una pregunta: “¿Cuando se habla de armonización se está diciendo que se va a acercar la fiscalidad de las comunidades de régimen común a las de régimen foral?”. Y una aclaración: “Gran parte de las diferencias tributarias existentes en España no se deben a que Madrid haya bajado los impuestos, sino a que las demás comunidades los han subido”. Entonces, “¿dónde están los límites del sistema? ¿No deben tener las comunidades competencias para bajar los impuestos y sí para subirlos?”, cuestiona. Y una pregunta más: “¿Por qué se ve bien la autonomía de las comunidades para incrementar el gasto público y se ve mal para bajar impuestos?”.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), niega que Madrid tenga una “ventaja injusta” en materia de financiación por ser la capital del Estado. La capitalidad sí tiene “efectos”, pero no le da una mejor financiación a la Comunidad de Madrid.
De la Fuente, uno de los mayores expertos del país en materia de financiación económica, cuestiona calificativos muy repetidos estos días, como “infiernos” o “paraísos” fiscales”, pues en su opinión tan legítimo es bajar impuestos como subirlos o mantenerlos: “Son decisiones políticas, y luego ya votarán los ciudadanos de acuerdo con sus preferencias”. Por otra parte, no cree que el momento actual sea el mejor para subir los impuestos en plena crisis. Tampoco para bajarlos, porque “no hay mucho margen” en la actual situación de crisis.
Sí aplaude que se debata sobre fiscalidad, pero preferiría una “discusión más tranquila y más técnica” que la actual sobre “los pros y los contras de una cierta armonización de los tributos cedidos con las bases más móviles, partiendo siempre del respeto a la autonomía de ingreso de las regiones”, que considera “parte fundamental de la autonomía política”.
Ante la pregunta de cómo afectaría la discusión a las comunidades forales, De la Fuente responde que su caso es más problemático que el de la Comunidad de Madrid porque son estos territorios los que disponen de un “colchón” para bajar impuestos y de “instrumentos para atraer empresas”. Las comunidades forales “sí pueden modificar el impuesto de sociedades y disfrutan de una financiación a igual esfuerzo fiscal muy superior a la media de los demás territorios, lo que hace que no compitan en igualdad de condiciones”. En cualquier caso, advierte, “no se trata de intentar eliminar el régimen de concierto o convenio, que está reconocido en la Constitución y tiene un gran arraigo en el País Vasco y Navarra, sino de ajustarlo gradualmente para reducir las diferencias de financiación con el resto del país a niveles más razonables”.
