El salario de los empleados públicos dependerá de que alcancen los “objetivos claros” que les hayan marcado sus superiores. Esa, al menos, es la pretensión del Gobierno del Principado, que se plasmará en la futura ley de Empleo Público. Una norma que llegará a la Junta General el año que viene, según reveló ayer el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Juan Cofiño.
El “número dos” del Ejecutivo autonómico resaltó que la actual ley de Función Pública se aprobó hace 35 años, por lo que considera que es hora de revisarla. La futura ley será parte importante de la reforma de la Administración prometida por el presidente, Adrián Barbón, que también persigue optimizar los recursos humanos del Principado, que hace solo unas semanas superaron por primera vez los 40.000 efectivos, de los cuales unos 12.000 son interinos.
La reforma de la Administración autonómica será posterior a un “análisis concienzudo” de las cargas de trabajo de cada departamento “para adecuar los recursos a las necesidades”. Será asimismo necesario revisar la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Principado, convocando en primer lugar los concursos de méritos y de traslados pendientes de realizar, que se acercaran al millar, indicó Cofiño. La nueva RPT estaría lista en 2022, auguró, ya que en la actualidad está “judicializada”. El Vicepresidente anunció la constitución de un “grupo de expertos plural y diverso”, que se encargará de esbozar el texto legal, que tendrá como uno de sus principales objetivos flexibilizar los recursos humanos disponibles, para que sean “más dinámicos” y sí poder colocarlos “donde haya necesidades puntuales”, puntualizó. Mejorar los procedimientos para reducir los “obstáculos actuales” y ofrecer un servicio de forma “más eficaz y eficiente” es otra de las metas del Ejecutivo.
Cofiño resaltó que en los próximos diez años se jubilará la mitad de la plantilla del Principado, una circunstancia que puede convertirse a su juicio en “una oportunidad” para “ganar conocimiento” y mejorar la Administración, por ejemplo, incorporando nuevas categorías con las que se logrará dar un mejor servicio a la ciudadanía simplificando los trámites administrativos y ofreciendo “respuestas a tiempo de calidad”.
Otros de los objetivos que se ha macado el Gobierno con la futura ley es regular el teletrabajo “de forma adecuada” y reducir la temporalidad en el empleo público autonómico desde el 30 por ciento actual a un máximo del 8 por ciento.
Los interinos se rebelan contra el “abuso de la temporalidad”
Miles de interinos se manifestaron ayer en diferentes puntos de España, entre ellos Oviedo (en la imagen), para denunciar el “abuso de la temporalidad” por parte de la Administración y para reivindicar su derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta la jubilación, en las mismas condiciones y con los mismos derechos de estabilidad e inamovilidad que un funcionario de carrera, aunque sin adquirir esta condición.
