“El futuro de miles de familias está en juego en Asturias”. Fue uno de los lemas utilizados por la Plataforma Estatal de Trabajadores Públicos en Fraude de Ley durante la protesta que organizó el sábado en Oviedo (hubo también en otros puntos de España). Se refería a los interinos, unos 12.000 de los cerca de 40.000 empleados del sector público autonómico, y 660.000 en toda España. Unos trabajadores que no tienen asegurado su puesto de trabajo, pese a que algunos llevan en él décadas. De ahí que se hayan marcado un objetivo: “Permanecer en su puesto de trabajo hasta la jubilación, en las mismas condiciones y con los mismos derechos de estabilidad e inamovilidad que un funcionario de carrera, aunque sin adquirir esta condición”.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a enmarañar aún más el conflicto, pues si bien señala que los estados miembros deben evitar y, en su caso, sancionar el abuso de la temporalidad, no les impone una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los suscritos para una temporalidad determinada. La sentencia deja abierta la puerta a dos soluciones: la consolidación en sus puestos de trabajo de estos trabajadores o el reconocimiento de una indemnización por el abuso cometido lo suficientemente disuasoria como para que la administración no vuelva a recurrir a esas prácticas. Los interinos no quieren indemnizaciones, sino su “consolidación administrativa”.
El secretario de estado de Función Pública, Francisco Hernández Spinola, terciaba el jueves en el conflicto: lanzó el compromiso de “encarar” el problema y “resolverlo cuanto antes”, y anunció sanciones a las administraciones que abusen de la temporalidad.
En Asturias, el diputado de Podemos Rafael Palacios planteaba hace días una pregunta al Gobierno sobre las medidas a adoptar para cumplir la sentencia europea. El Principado respondió pasándole la pelota el Gobierno central, al señalar que lo que hace falta es modificar la legislación básica de la función pública.
Sergio Peña, presidente de CSIF Asturias, sindicato mayoritario entre los funcionarios, responsabilizó al Principado: “En Asturias alguien se debería preguntar cómo es posible que CSIF, CC OO, UGT firmen al PSOE nacional las OPE (ofertas públicas de empleo) pero no seamos capaces los mismos sindicatos de firmar al PSOE asturiano... Algo no es lo mismo y me temo que no son los sindicatos, es la forma de gestionar la Función Pública, que en Asturias es diferente”.
