La sección tercera de la Audiencia ha dictado una condena de 25 años de cárcel para Ana María García por el asesinato de Miguel Ángel Suárez Menéndez, al que propinó 35 puñaladas en la medianoche del 17 de julio de 2018. La sentencia, dictada por el magistrado Javier Domínguez Begega, impone la pena solicitada por las acusaciones, en consonancia con el veredicto, que declaró culpable por unanimidad a la acusada el pasado 3 de diciembre.

Los jurados apreciaron la agravante de parentesco y rechazaron todas las eximentes y atenuantes solicitadas por el letrado defensor, José Luis Álvarez. Los jurados, además, se pronunciaron en contra de que se concediese el indulto a la mujer, o que se suspendiese la condena. La acusada atacó a la víctima cuando ésta se encontraba dormida e imposibilitada de defenderse debido a la gran ingesta de alcohol. La mayoría de las puñaladas fueron dirigidas al cuello. La propia acusada, señaló el jurado, admitió los hechos ante sus padres indicando que Miguel Ángel Suárez la engañaba con otra. Consideraron probado que el hombre intentó incorporarse antes de caer sobre la cama para recibir las últimas puñaladas. Y la mujer trató de ocultar sus actos. Resaltan la ausencia de empatía hacia su pareja. Además, no estaba afectada por el consumo de sustancia alguna y pese a su retraso mental ligero sabía la diferencia entre el bien y el mal.

El fiscal Miguel Rodríguez Marcos había pedido 25 años de cárcel, y la misma pena la acusación particular que ejercen los tres hermanos de la víctima, bajo la dirección letrada de José Antonio Ballina. La defensa, que apelará ante el TSJA, incidió en pedir la eximente de trastorno mental.

En los informes finales, el fiscal Miguel Rodríguez Marcos fue especialmente duro con la acusada, a la que presentó como un ejemplo palmario de doblez, y respecto a la que no escatimó calificativos. Ana María García "no tuvo piedad alguna por la víctima, ejerció sobre ella una violencia extrema, gratuita, en los años que llevo de fiscal no he visto nada parecido", confesó ante los miembros del jurado. "Esto no fue un asesinato, fue una carnicería que no puede quedar impune. Lo que necesita esta persona es ir a prisión, cumplir hasta el último día de condena y resocializarse para que nunca más pueda cometer un crimen parecido. No pedí más pena porque no lo permite el Código Penal", añadió. Y es que este crimen "excede cualquier límite, se le tiró encima de forma salvaje, dio puñaladas a diestro y siniestro, se duchó en su sangre, hay ADN de la víctima por toda la casa: en su top, en sus bragas, su pantalón, su camiseta, su reloj, su pulsera, hasta en los dedos de la mano", prosiguió el fiscal. "Estaba enferma de celos, unos celos patológicos que la superaban. Por eso llamó a la novia de la víctima después del crimen y regodearse con lo que había hecho: 'Ni para mí ni para nadie'. No podía soportar que estuviese con otra", resumió.¡

La acusación particular que ejercen los hermanos de la víctima, bajo la dirección letrada del abogado José Antonio Ballina, tampoco se detuvo en calificativos, empezado por la "malicia que preside" cada una de sus palabras. El letrado trajo a colación una de las frases del juicio, dicha por Ana María García, que en su opinión resume el desprecio que sentía por la víctima: "¿Para qué quiero yo a ese borracho de mierda?". Para Ballina, "la maldad existe y la ficción se queda por debajo de la realidad". Llamó al jurado a impedir que la acusada "siga jugando con el sistema". Y es que ella "tiene una respuesta para todo, encaminada siempre a la búsqueda de una atenuante o una eximente". La acusada "esperó pacientemente cual cazador. Sabía, quería, hizo, limpió y se regodeó llamando a la novia de Miguel Ángel para decirle: 'Ni para mí ni para nadie'. No ha habido ningún arrepentimiento. Es indiferente saber si la víctima sufrió o no (yo creo que sí sufrió), lo relevante es que ella quería infligir ese dolor y por eso propinó 35 puñaladas, y si no dio más fue porque se cansó, como indicaron los forenses". Ballina finalizó llamando la atención de los hermanos dela víctima, "que están tomando tranquilizantes y orfidales de por vida", tal es el dolor causado por el este crimen.

La defensa, a cargo de José Luis Álvarez, jugó la baza de la indefensión de una mujer que sufre un retraso mental que afecta a su capacidad volitiva e intelectiva. "Ana María no necesita cárcel, sino ayuda. Necesita aprender los mecanismo sociales básicos, ella nos los tiene. Tiene una discapacidad del 69 por ciento. No es capaz, aún hoy, de valorar las consecuencias de la muerte de su amigo, no es responsable de sus actos, es una persona vulnerable, en permanente riesgo de exclusión social, no tiene mecanismo sociales ni psicológicos para enfrentar los conflictos, suele rodearse de personas peligrosas, es manipulable", desgranó el letrado, buscando la complicidad del jurado. Para la defensa, Ana María actuó llevada por la elevada ingesta de alcohol y cannabis, unida a la falta de empatía y la madurez debida a su retraso mental. El letrado defendió que el día de los hechos la joven sufrió un brote psicótico. Tras recuperarse del brote, argumentó, se dio cuenta de lo que había ocurrido y trató de limpiar la escena de la manera más burda, tratando de simular un suicidio: limpió la sangre y metió la ropa en la lavadora, pero no la puso. Metió el arma homicida en el cajón aún manchada de sangre. La defensa interpretó estos hechos como un claro síntoma de que la mujer no era dueña de sus actos: "¿Alguien puede pensar que hubo premeditación? ¿Se puede pensar que tiene maldad? ¿Se puede decir que Ana María piensa? ¿Se puede ser más infantil? ¿Se puede ser más limitado? Lo que necesita es que la cuiden y la eduquen".