El Tribunal de Cuentas considera “incumplida” una recomendación formulada en 2013 a las comunidades autónomas para resolver las solicitudes de prestaciones por dependencia en un plazo máximo de seis meses, y les recomienda en un nuevo informe que tomen las medidas oportunas para cumplir con dicho plazo. “Se considera incumplida la recomendación relativa a la adopción de medidas para el cumplimiento del plazo máximo legal para la resolución de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia, ya que, según resulta del nuevo sistema de información de Dependencia, a 31 de diciembre de 2018, este plazo se había incrementado, a nivel nacional, hasta una media de 383 días”, señalan desde el Tribunal de Cuentas.
En lo que respecta a las indicaciones dirigidas al Imserso, el Tribunal considera “incumplida” la recomendación para potenciar los procedimientos de control interno sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Así, advierte de que se han “incrementado las deficiencias observadas en el Informe objeto de seguimiento”, dando lugar “al abono indebido a las comunidades autónomas, en concepto de nivel mínimo de protección, de un importe estimado de 283.888.429,83 euros”.
Así las cosas, “ello provoca que reciban pagos indebidos en concepto de nivel mínimo de protección y que puedan haber dejado de percibir fondos públicos respecto de quienes figurando en sus sistemas de información como beneficiarios de prestaciones, no constaban en el SISAAD”, avisan. Ante ello, recomiendan al Imserso que adopte medidas para que la comunicación al Registro de Prestaciones Sociales Públicas de las prestaciones económicas derivadas de la situación de dependencia se efectúe por los órganos competentes y propone intensificar su control.
