El exconsejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, intensificará en los próximos días las negociaciones con el Instituto de Salud Carlos III para agilizar la acreditación nacional del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Este paso es un requisito imprescindible para que los grupos de investigadores de la región puedan acceder a algunas de las grandes convocatorias de ayudas a la investigación de ámbito nacional e internacional.
Este es el gran objetivo que Blanco tiene encomendado desde su reciente nombramiento como director de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria en Asturias (FINBA). Una designación muy accidentada, pues inicialmente renunció a la misma tras las protestas sindicales por su elevada remuneración. Más tarde, el patronato de la fundación rechazó su renuncia. De estos tres pasos relativos al que fuera secretario general de Sanidad (“número dos”) del Ministerio de Sanidad informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA.
La mayor parte de las comunidades autónomas de España (13 de las 17, según los datos más recientes) tienen acreditado al menos un instituto de investigación. El anterior director de la Finba, Enrique Caso, dejó el cargo con algunos trámites pendientes de completar. Según fuentes consultadas por este periódico, si los planes de los promotores asturianos se cumplieran, la solicitud de la acreditación podría estar presentada en un plazo aproximado de un mes. A continuación, debe ser estudiada por los responsables del Carlos III y, acto seguido, evaluada sobre el terreno por un equipo de auditores. Siendo optimistas, todo ello podría desembocar en la acreditación después del verano o, en todo caso, antes de que concluya 2021. Habrá que ver cómo se desarrolla un proceso en el que Asturias ha demostrado hasta la fecha una notable lentitud.
Clarificar la situación
Faustino Blanco permanece como director de la FINBA pese a la controversia surgida el pasado mes de diciembre, cuando el exsecretario general del Ministerio de Sanidad anunció su intención de dimitir a raíz de la polémica surgida por las críticas realizadas por el sindicato Sicepa contra su sueldo (85.000 euros anuales de fijo más otros 25.000 variables). De hecho, Blanco estuvo presente el pasado lunes en la colocación de la primera piedra de la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos (IPLA), que se levantará en una parcela de La Corredoria, un acto en el que representó a la FINBA y en el que estaban numerosas autoridades, entre ellas el presidente del Principado, Adrián Barbón.
La intención del patronato de la FINBA es clarificar lo antes posible la actual situación de interinidad, ya que Faustino Blanco es el único responsable en labores de dirección, un puesto clave para el desarrollo pleno de la entidad. La dimisión de Faustino Blanco como director de la FINBA fue frenada de inmediato por los patronos, al entender que el exsecretario general de Sanidad reúne las características y ofrece el perfil idóneo para desatascar la situación en la que se encuentra la entidad para poder acceder a las ayudas de investigación a las que aspira desde su creación.
La renuncia de Blanco fue desestimada por unanimidad en una reunión del patronato de la FINBA, que tuvo lugar el mes pasado. Posteriormente, el 28 de diciembre tuvo lugar otra reunión, la última del ejercicio de 2020, en la que se aprobaron las cuentas de la fundación y el plan de actuación para el próximo ejercicio y en el que ya no se abordó la situación de Blanco por haber sido tratada con anterioridad.
La FINBA es una entidad mixta, participada en un 60 por ciento por la iniciativa privada y en un 40 por ciento por capital público. Blanco se había mostrado dispuesto a renunciar a su cargo de director porque no quería perjudicar la imagen del Gobierno, en aquel momento inmerso en plena negociación del Presupuesto con partidos como Podemos, formación que tiene en su punto de mira los sueldos de los altos cargos del Principado. El Ejecutivo precisó semanas atrás que el salario del director de la FINBA no depende de la Administración autonómica: el Gobierno de Barbón aprobó para este ejercicio la congelación salarial de los altos cargos.
