El gobierno asturiano ha vuelto a plantear al Ministerio el debate sobre si las comunidades autónomas pueden reclamar un confinamiento domiciliario. El resultado, al igual que al comienzo de la segunda ola, ha sido un no por parte del Ministro Salvador Illa. Pero en esta ocasión el Principado no ha sido el primero en lanzar la petición. Hacer una lectura en clave de conflicto político resulta muy simplista. Estas son las claves que explican este aparente conflicto.
Cada administración defiende lo suyo
La posición desde Asturias es que el Principado debe exponer, guste o no, los criterios que considera más adecuados. El comité de expertos del Ejecutivo de Barbón ya ha planteado en varias ocasiones medidas duras para evitar los contagios. El epidemiólogo Daniel López Acuña defendía ayer en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA un confinamiento domiciliario de entre dos y cuatro semanas para frenar una “situación explosiva”. De ahí que como mínimo, el Principado crea que debe plantear esa opción, aun a sabiendas de que la respuesta sería un “no”.
Un soterrado debate nacional
De fondo hay cierta marejada entre el Gobierno central y las autonomías. En la primera ola, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó el mando y ejecutó las decisiones drásticas para frenar la pandemia: entre ellas el largo confinamiento que se inició el 14 de marzo. Para ello tuvo que aplicar un estado de alarma con mando único que originó fuertes críticas de la oposición y de algunas autonomías. Tras esa experiencia, el Gobierno central optó en la segunda ola por proporcionar únicamente un paraguas jurídico para las limitaciones, pero dejando en manos de cada autonomía cuándo y cómo aplicarlas. Eso sí, estableció una especie de “manual” con recomendaciones sobre qué medidas adoptar en función de los datos epidemiológicos. Tras la segunda ola, las autonomías se han percatado del coste político que han supuesto en cada territorio las decisiones. Y también, de la disparidad territorial que alimenta lecturas de agravio. ¿Por qué en Madrid, pongamos por caso, se decide un horario de cierre de la hostelería y en el País Vasco otro?
La tesis ante la tercera ola
En los gobiernos autonómicos lleva días gravitando el planteamiento de que quizás la mejor forma de frenar en seco una escalada de contagios que supera ya a la de la anterior oleada sea decretar un confinamiento domiciliario “suave” en todo el territorio nacional. De esa manera se ganaría tiempo para la administración de vacunas, se seccionaría la tercera ola y se aplazaría quizás a finales de marzo el posible comienzo de otra cadena de contagios. Sin embargo, el gobierno central no parece dispuesto a tomar una decisión de ese tipo, o al menos trata de retrasar al máximo el verse abocado a tomarla. Tiene a su favor el hecho de que en cada comunidad autónoma las olas no sean síncronas, es decir, que no sucedan al mismo tiempo. Eso hace que los índices nacionales totales estén más contenidos, aunque haya territorios en situación extrema. No obstante, la aparente evolución de esta tercera ola, en la que todos los territorios están ascendiendo casi a la vez, lleva al conjunto del país a datos de incidencia muy elevados.
¿Quién paga?
También existen argumentos económicos de fondo. Quien toma las decisiones de restricción tendrá que compensarlas. De momento, son las comunidades autónomas las responsables de establecer las ayudas para los sectores sometidos a restricciones horarias o de actividad. Si hubiese un confinamiento global, el Estado debería arbitrar ayudas, sin perjuicio de que las comunidades mantuviesen las suyas.
¿De qué confinamiento hablamos?
El modelo de encierro que ponen sobre la mesa algunas comunidades autónomas sería más suave que el de marzo. Aún está por definir, pero se plantea que se permita más actividad que en marzo. También existen dudas sobre cómo debería hacerse el encaje jurídico de un supuesto confinamiento domiciliario solo en una comunidad autónoma. Al tratarse la movilidad de un derecho fundamental, algunos juristas creen que solo podría limitarse si lo establece el gobierno de la nación.
Pide, que algo queda
La decisión del Principado de volver a plantear el confinamiento tiene dos efectos, a sabiendas de que recibiría el rechazo del Ministerio. Primero, el Gobierno de Asturias puede argumentar que ha planteado las medidas más drásticas, propuestas por sus expertos, pero que la negativa a aplicarla no ha sido suya. Por otro lado, aunque no fuese ese el objetivo del Ejecutivo asturiano, se añade una voz más a las que reclaman que el Ministerio se plantee un encierro en el conjunto del país. El ministro Illa volvió a rechazarlo, pero añadió un “por el momento”.
