Los interinos de Asturias se movilizan para tratar de poner fin “a nuestra ilegal, injusta e inmoral situación laboral”. La campaña, que tiene lugar en el conjunto de España por tratarse de un problema extendido al conjunto de las administraciones y cuenta con el apoyo de diferentes sindicatos, como USIPA, USO y Suatea, llegó ayer a la Delegación del Gobierno, en Oviedo donde un grupo de más de sesenta trabajadores públicos registró un escrito en el que exigieron que se aplique la normativa europea sobre el abuso de la contratación temporal por la administración, un problema que afecta a más de 12.000 empleados públicos en Asturias y unos 800.000 en el conjunto del país. Una de sus demandas, al grito unánime de “fijeza ya”, es paralizar los procesos de oferta pública de empleo hasta que haya una solución sobre la estabilidad de sus puestos.
El abuso de la contratación temporal por parte de las administraciones se agudizó a partir de 2009, cuando los procesos de oferta pública de empleo (OPE) se paralizaron por la crisis económica y tanto la administración autonómica como los ayuntamientos y el Estado optaron por cubrir con personal contratado de manera temporal puestos de carácter estructural en la sanidad, la educación y en general en todos los servicios públicos. “Hay interinos que llevan encadenando contratos temporales durante décadas, en algún caso hasta 35 años”, esgrimió ayer Antonio Navarro, un profesor asturiano que está al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), una de las organizaciones convocantes de esta campaña junto a la plataforma nacional 15-F, y que acumula 18 años en contratos temporales. “Esta situación en la empresa privada no existe, donde a un trabajador se le hace fijo a partir de los dos años y se sanciona al empleador que cometa algún tipo de irregularidad en la contratación”, añadió Navarro.
“Pedimos que se paralicen todas las ofertas públicas de empleo hasta que haya una solución a nuestra situación porque nos podemos encontrar con despidos masivos”, esgrimió Navarro, que responsabilizó a la ministra Carolina Darías de haber acelerado estos procesos “para dejar en la calle” a miles de trabajadores en todo el país.
