La ofensiva política por la protección de la gran industria asturiana y contra los planes que el Gobierno estatal tiene para ella escribirá uno de sus próximos capítulos a partir de la pretensión de Izquierda Unida (IU) de forzar la declaración por ley del carácter “estratégico” del músculo fabril asturiano. La coalición registró a finales de la pasada semana en la Junta una proposición de ley que persigue provocar una reacción en cadena que termine en las Cortes y reconozca en un precepto con rango legislativo que la industria española de alto consumo energético merece ser preservada mediante una regulación de los precios de la electricidad que no perjudique su competitividad, como sucede ahora.

La iniciativa se presenta en el parlamento asturiano para obligar a los grupos a votar, a retratarse y comprometerse. Interpela a los de la Junta y eventualmente a los de las Cortes, porque se presenta para sea tramitada en la cámara autonómica y, si es aprobada, siga camino a Madrid en ejercicio de la iniciativa legislativa de las cámaras autonómicas. Si prospera en Asturias, la propuesta sería sometida a la tramitación habitual de una proposición de ley en las Cortes, con la única diferencia de que sería una delegación de diputados autonómicos designados por la Junta la encargada de defenderla en el Congreso.

Se materializa así, en todo caso, la llamada a rebato que los socios de investidura del Gobierno socialista del Principado han activado en defensa de la industria, en frente del modelo de estatuto electrointensivo aprobado por el Ejecutivo estatal y en contra de la actitud de exigencia insuficiente que el Gobierno de Adrián Barbón ha adoptado, a su juicio, en este terreno. La iniciativa que ha llegado a la Junta plantea, además de la declaración de la gran industria como sector estratégico, que en un plazo máximo de tres meses desde una eventual aprobación de la ley el Ejecutivo estatal dará de paso un estatuto específico para el sector fabril “de muy alto consumo de energía eléctrica”. Las empresas concernidas –que según el texto serían las que en el año anterior hubieran tenido un consumo superior a quinientos gigawatios hora con al menos el 35 por ciento de sus costes de producción destinados a energía– tendría acceso a “los beneficios administrativos y fiscales” y a “los mecanismos de acceso prioritario y determinación de los precios energéticos” que fijará el nuevo estatuto.

Las razones de la presentación y de la urgencia con que se plantea la medida se sustancian en la parte justificativa del texto en la necesidad “indispensable” de asegurar “un suministro eléctrico estable, de calidad y a precios inferiores a los actuales para esas industrias que son especialmente sensibles al coste eléctrico, buscando eliminar la brecha existente respecto a sus competidores, tanto comunitarios (Francia y Alemania) como extracomunitarios, con precios muy inferiores”. Entiende además el grupo proponente que la mejor forma de conseguir ese propósito es “declarar el carácter estratégico” de esas empresas y poner en marcha “una regulación en materia de gestión del consumo y precios energéticos que, siendo compatible con las disposiciones comunitarias, no sitúe a nuestro tejido industrial básico en peores condiciones que las que existen en otros países de la UE, garantizando así su competitividad”.

Queda ahora la búsqueda de apoyos, primero en Asturias y luego en las Cortes, pero ya está lanzado el guante tentando prioritariamente al PSOE, el de la Junta y el del Congreso, a los diputados y senadores asturianos en Madrid y hasta al grupo confederal de Unidas Podemos, del que forma parte, aunque sin sintonía en todos los conceptos, IU de Asturias.

La iniciativa que ahora se presenta sigue la estela de otras que a partir de la Junta siguieron camino a Madrid. Pasó en los años noventa del siglo pasado con la declaración del interés prioritario de la Variante de Pajares y, más recientemente, con una propuesta de largo recorrido y procedimiento todavía inconcluso. En septiembre de 2014, la Junta se convirtió en el primer parlamento autonómico que promovió una reforma de la Constitución. Se trataba de un proyecto nacido en el entorno del movimiento 15-M que perseguía incrementar los cauces de participación ciudadana en la elaboración de las leyes, ampliando las materias sobre las que medio millón de firmas de ciudadanos pueden forzar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y añadiendo otras medidas flexibilizadoras al proceso. Aprobada en la Junta y designados en 2016 tres diputados asturianos para defenderla en el Congreso –Fernando Lastra (PSOE), Daniel Ripa (Podemos) y Gaspar Llamazares (IU)–, su tramitación en las Cortes sigue pendiente.

La propuesta

  • El contenido. Se pide declarar por ley del carácter “estratégico” de la industria de alto consumo energético y un régimen de precios que no perjudique la competitividad de las empresas.
  • El mecanismo. La iniciativa se presenta en la Junta. Si prospera, se tramita en las Cortes, defendida por una delegación del parlamento asturiano.