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Piden investigar al exsecretario de Energía y al exconsejero Graciano Torre por el “caso Hulla”

Anticorrupción cree que se forzó el decreto de ayudas mineras para financiar sin motivo el geriátrico de Felechosa, aceptado previamente por la Mesa de la Minería

Gabriel Pérez Villalta, Graciano Torre y José Ángel Fernández Villa, en una imagen de archivo. | LNE

Gabriel Pérez Villalta, Graciano Torre y José Ángel Fernández Villa, en una imagen de archivo. | LNE

El “caso Hulla” amenaza a altos cargos socialistas de la época del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Anticorrupción acaba de presentar un escrito en el que solicita que se investigue no solo al secretario de Energía de la época, Pedro Luis Martín Uribe, sino al gerente del Instituto de la Minería, Carlos Fernández Álvarez, e incluso al entonces consejero de Industria Graciano Torre, por haber facilitado la concesión de 30 millones con cargo a los fondos mineros para el geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller). Según Anticorrupción, “habrían consentido, con sus actuaciones de favor, que los fondos mineros que tenían por objeto financiar la creación de infraestructuras que debían de servir de soporte para nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo, sufragasen la construcción de un nuevo complejo residencial explotado por el Montepío de la Minería. También habrían permitido que dichos fondos enriqueciesen fraudulentamente a las personas que se colocaban detrás del proyecto”.

Según Anticorrupción, el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, “habría concertado con autoridades o funcionarios del Principado de Asturias y del Ministerio de lndustria, previamente a que tuviese lugar la distribución de ayudas 2008/2009, no solo el compromiso de aprobar come proyecto a subvencionar la construcción de la Residencia de Mayores, sino entregar fondos mineros hasta la cantidad de 28,8 millones de euros, presentada por aquel investigado como de coste de la obra”.

Para los fiscales, “habían sido los responsables del Ministerio de lndustria y del Instituto de la Minería (IRMC), los únicos que a la postre podían poner en marcha dicha iniciativa legislativa, quienes adoptarían como solución para conferir legalidad a la entrega de los fondos pedidos modificar el Real Decreto 1112/2007 y suprimir el límite del 1 por ciento de la ayuda que se podía entregar a entidades sin ánimo de lucro”.

Evidencian los acuerdos previos, indica la Fiscalía, “determinadas declaraciones de testigos e investigados, publicaciones obtenidas de fuentes abiertas y documentación incautada en los registros practicados en la causa, que han permitido conocer de la seguridad con la que el presidente del Montepío (José Antonio Postigo) anunciaba la financiación para los fondos mineros de la obra de la Residencia mucho antes de serle concedida la ayuda. También lo probaría el hecho de que dicha entidad de previsión social contratase al arquitecto, adjudicase el contrato de construcción e incluso empezase las obras; pese a que con sus fondos propios no podía sufragar dicho proyecto”.

Fernández Villa no solo “habría influido en la decisión política de regalar al Montepío un complejo residencial que explotar, financiado con fondos mineros, pese a que no cumplía con los requisitos legales para ser financiado, y mucho menos en su totalidad, sino también en la decisión del alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, para que la Residencia de Mayores se asentase mayoritariamente en una parcela rústica de dicho municipio minero, que el Ayuntamiento cedería, sin abono de su precio, al Montepío”.

Continúa indicando que Pérez Villalta había abusado “de las prerrogativas de su cargo, doblegándose a acatar todas las peticiones que le realizaría Fernández Villa a través de Postigo. Así accedió a que el Ayuntamiento de Aller adquiriese la parcela principal donde se construiría la Residencia al Ayuntamiento de Mieres, que era su propietario, y su cesión gratuita, que no concesión, a la Mutualidad minera, en perjuicio de los intereses económicos del Consistorio”. Y también se avendría a apoyar positivamente y acelerar la tramitación de la modificación parcial del PGOU de Aller para legalizar la implantación del complejo residencial.

El 16 de diciembre de 2008, detalla Anticorrupción, volvió a reunirse la Comisión de Cooperación, aprobando Carlos Fernández Álvarez, Graciano Torre González y Manuel Gómez-Cano Hernández el proyecto seleccionado en la Mesa Regional de la Minería de 23 de julio de 2008 para la construcción de la Residencia. En estos momentos todavía estaba vigente la limitación, que a la subvención de una infraestructura realizada por una entidad sin ánimo de lucro establecía el Real Decreto. Por ello, estima la Fiscalía, “sus asistentes conocían cuando aprobaron la subvención, como poco, que la financiación de todo el proyecto no tenía en ese momento cobertura legal”. No consta, además, que tuviesen a la vista algún presupuesto sobre el coste real de la obra que les permitiese dar por correcta la cantidad que aprobaban, que superaba los 28 millones de euros, y pese a ello, la recogieron como ayuda a trasladar al Montepío.

El 3 de marzo de 2009, Carlos Fernández Álvarez, gerente del Instituto del Carbón, emitió informe “desatendiendo todas las recomendaciones que sobre la supresión del límite del 1 por ciento de las ayudas se efectuaron por parte de la Abogacía del Estado”. La financiación del proyecto fue presentada por el ministro Miguel Sebastián ante el Consejo de Ministros.

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