Una pensionista gijonesa recibe una carta de la Consejería de Derechos Sociales donde se le comunica que tiene derecho a una ayuda 100 euros en compensación por el abono social térmico. La que, sin duda, es una buena noticia para poder afrontar los recibos de un servicio básico se acaba convirtiendo en todo un galimatías por el hecho de que la cuenta bancaria en la que el Principado prevé ingresar esa ayuda ya ha sido cambiada hace meses por la de otra entidad financiera a la que, además, la administración autonómica ya ha realizado algún ingreso.
Los pasos que da esa mujer, de 88 años, para comunicar esa situación y tratar de subsanarla para evitar problemas en la percepción de dicha ayuda demuestran que el Principado no es una administración para mayores. La mujer aguarda pacientemente varios minutos al teléfono porque los agentes del 012, el Servicio de Atención Telefónica, tienen lista de espera. Cuando por fin consigue contactar empieza el bucle, con buenas palabras pero cero soluciones: “Me dicen que debo descargar un impreso por internet pero como ni lo tengo ni lo entiendo, me indican que debo ir con cita previa a un registro del Principado. Les digo que tengo problemas de movilidad y que en unos días no puede ir nadie a recogerme ese papel porque vivo sola y me acaban diciendo que entonces perderé la ayuda porque hay un plazo de cinco días para realizar ese cambio”.
Y no conviene olvidar que el 13 por ciento de la población de Asturias tiene más de 75 años y la gran mayoría no maneja internet. La digitalización supone un obstáculo difícilmente franqueable para personas de avanzada edad que, a lo sumo, manejan un teléfono móvil y a las que no se les facilita la relación con la administración para gestiones que cada vez requieren la actualización o manejo de datos personales o documentos
