Una residencia geriátrica ha sido denunciada por la Consejería de Derechos Sociales a la Fiscalía por presuntos malos tratos, y a otras tres se les ha abierto expediente sancionador por infracciones graves. Estos son los datos más destacados del plan de inspecciones iniciado por la Consejería de Derechos Sociales a finales del pasado mes de julio, y durante el que se realizaron un total de 264 actuaciones tanto en centros de personas mayores como de personas con discapacidad.
La Consejería de Derechos Sociales ha recibido 30 denuncias, la mayoría interpuestas por familiares de usuarios de servicios sociales. En la actualidad hay 22 en trámite, un expediente sancionador; dos fueron archivadas; a otra se le ha requerido informe de actuaciones; a otra se le realizó un requerimiento por remisión de Inspección de Trabajo; tres denuncias se remitieron a la Fiscalía para apertura de diligencias y a otros tres centros se les hicieron distintos requerimientos.
Además, se han abierto tres procedimientos sancionadores derivados de denuncias. Uno de ellos por un presunto caso de maltrato que ha sido trasladado a la Fiscalía y que está suspendido hasta que se resuelvan las diligencias penales. Otras dos sanciones fueron por abrir sin tener autorización, lo que es considerado una infracción grave con multas de 5.600 y 3.000 euros que ya han sido abonadas. Y además hay un proceso sancionador derivado de una inspección, con una propuesta de 6.000 euros de multa.
Hasta el momento se realizaron siete correcciones por incumplimientos referidos, por ejemplo, a incumplir con los ratios de personal o por defectos de material u organizativo, y 10 inspecciones de tipo sancionador o para comprobar que la orden de cierre se ha hecho efectiva.
