El desbloqueo del concurso de traslados de funcionarios en el Principado se vislumbra como una nueva amenaza para los interinos autonómicos de larga duración, que recientemente iniciaban una campaña de ámbito nacional para reivindicar una salida a su situación. La dirección de Función Pública anunció, el pasado viernes, a los sindicatos con representación en ese ámbito, sus planes para desatascar el concurso de traslados en la Administración autonómica, que lleva sin materializarse desde 2014 y podría suponer la movilidad de unos 3.000 funcionarios, y también su intención de dar un nuevo impulso al concurso de méritos para más de un millar de jefaturas, un proceso que ha sido objeto de numerosos recursos desde la primavera de 2019.
Los sindicatos de la función pública autonómica fueron informados de que, a principios del próximo mes de febrero, se sacará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la convocatoria del concurso de traslados. Es el primer paso de una tramitación administrativa que tendrá una duración mínima de tres meses y una máxima de seis, pero en cuestión de unas cuatro semanas se conocerá el número de funcionarios que tienen interés en ir a plazas que ahora, en parte, están ocupadas por interinos y en algún caso de larga duración ya que hacía más de seis años que la Administración autonómica no sacaba una convocatoria de esas características. Este concurso de traslados dará luego paso a la adjudicación de plazas a 184 personas que sacaron la oposición en los cuerpos de auxiliar administrativo, administrativo y técnicos de gestión hace un año pero que, de momento, no habían podido tomar posesión al tener que resolverse antes los traslados de los funcionarios interesados en cambiar de puesto.
Una consecuencia directa del desbloqueo de este proceso será el impacto que la adjudicación de las plazas tendrá sobre el personal interino que las ocupa en la actualidad: los sindicatos son conscientes de que habrá numerosos ceses, aunque algunos de los 184 nuevos funcionarios sean interinos. De hecho, el sindicato USIPA que ha apoyado la movilización reciente del colectivo de interinos, ha divulgado una comunicación interna en la que expone la necesidad de que la Administración arbitre una solución lo menos perjudicial para todos los implicados. “Los interinos tienen sus derechos, pero los fijos también tienen el de poder moverse a otros puestos a través del concurso de traslados”, sostiene este sindicato. “El Principado es el responsable de esta situación porque no ha cumplido con los plazos que marca la ley, tanto para los concursos de traslado como para las convocatorias de sus ofertas públicas de empleo. Durante muchos años contrató a personal interino por ser más barato y, pese a que pedíamos esas convocatorias, no las realizó, la bola creció y ahora hay un volumen de interinos muy grande y no acaban de dar una respuesta, son todo ambigüedades”, declaró José Luis González, coordinador de este sindicato. También Sergio Peña, de la organización CSIF, hizo hincapié en la obligación de la Administración autonómica de realizar de manera regular esas convocatorias, “al menos una cada dos años”.
Otra de las asignaturas pendientes de la función pública autonómica es la resolución del concurso de méritos de 1.340 jefaturas de servicio y de sección en las consejerías del Principado, algunas también ocupadas por interinos. Función Pública avanzó en esa misma reunión su intención en retomar este proceso a partir del próximo mes de abril, salvo que haya imprevistos en forma de una sentencia judicial. El anterior Gobierno diseñó, en el tramo final de su mandato, en la primavera de 2019, las condiciones de este concurso, pero hubo colectivos de funcionarios y empleados a título particular que decidieron recurrir al considerar que salían perjudicados por los nuevos criterios. La decisión de retomar ese concurso de méritos estaría relacionada con el hecho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado y rechazado un gran número de esos recursos y ha dado la razón al Principado.
Dos procesos
- Concurso de traslados. Puede afectar a la movilidad de hasta tres mil funcionarios del Principado y tener impacto sobre numerosos trabajadores interinos.
- Concurso de méritos. Alcanza a 1.340 jefaturas del Principado de servicio y de sección, algunas también ocupadas por interinos. Los recursos sobre este concurso están siendo desestimados.
“Los MIR de Asturias son los que menos ganan de todo el país”, denuncia el sindicato CSIF
El sindicato CSIF aprovechará la reunión de mañana miércoles para reivindicar “la discriminación salarial” que sufre el personal de médicos internos residentes (MIR) que trabaja en Asturias respecto al del resto de comunidades autónomas, una situación en la que también se encuentras los farmacéuticos, físicos, químicos, psicólogos y psiquiatras en formación. El origen de esa diferencia salarial se remonta a las medidas de recortes adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2012, para hacer frente a la crisis económica. En ese momento, las pagas extra de julio y diciembre del personal en formación pasaron a ser inferiores a las de una nómina. “En otras comunidades autónomas, una vez pasados los años de la crisis, se recuperó el nivel retributivo que había anteriormente, pero en Asturias no. Llevamos años reclamando pero no han atendido esta reivindicación”, explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA, Felipe Piedra, médico y delegado de CSIF. La legislación estatal establece que “los residentes percibirán dos pagas extraordinarias cuyo importe será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación”, argumentó Piedra, quien añadió que la diferencia, el dinero que percibe de menos el personal MIR en Asturias ronda los mil euros anuales por profesional. “Es una desigualdad que se resolvería con 600.000 euros”, añadió. Una diferencia retributiva que, al parecer, también se da en el personal del SAC (Servicio de Atención Continuada) y en el SUAP (Servicio de Atención Primaria en los fines de semana). CSIF planteará este asunto en la reunión de la mesa general de negociación de la comunidad autónoma.
