El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tendrá que explicar ante los tribunales su negativa, por silencio administrativo, a proteger al lobo en toda España. La Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) presentaba ayer una demanda contra el departamento que encabeza Teresa Ribera por haber retirado su propuesta de incluir al lobo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La iniciativa para proteger al lobo, pionera en España, surgió ya en octubre de 2019 por iniciativa de ASCEL. La propuesta, que avalaba con argumentos técnicos y legales la protección nacional del lobo, tuvo el respaldo unánime del Comité Científico en 2020. Pero desde entonces, "el Ministerio no ha cumplido sus obligaciones, con el burdo pretexto de la oposición de las comunidades autónomas”, critica ASCEL.

La entidad conservacionista inició hace quince meses el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España, con el objetivo de incluirlo en el Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable”, o en su defecto en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El Ministerio retiró la cuestión (dentro del trámite reglado) en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, “por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas" contrarias a la protección del lobo, "a pesar del previo dictamen del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable y unánime para incorporarlo” a la relación de especies protegidas. El paso por la  Comisión es requisito “sine qua non” para tramitar en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE) la inclusión del lobo en el listado protegido.

La actuación del Ministerio ha llevado ahora a ASCEL a presentar ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio presidido por Teresa Ribera. ASCEL incide en la “hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno”, pues “si se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno”.

Pero el trámite nunca se completó y la orden no se firmó. “Por tanto, cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el BOE es engañar a la ciudadanía y prolongar 'sine die' una decisión que solo compete al Gobierno central. Y sin publicación en el BOE no hay protección de lobos, perpetuándose el actual modelo de gestión autonómico basado en la caza y control poblacional, que contribuye al ‘desfavorable e inadecuado’ estado de conservación de la especie, como ha acreditado la Unión Europea”, subraya ASCEL.

El lobo es el único gran carnívoro terrestre de la fauna española que no está estrictamente protegido (sí lo están el oso pardo y el lince ibérico). "Estamos pues, en ASCEL, obligados a demandar en los tribunales que una especie clave para la salud ambiental de España ocupe su lugar, y lo hacemos denunciando a quienes se niegan a atender a sus obligaciones, de oficio, desde hace décadas, para proteger al lobo, ya sean empleados públicos o autoridades", concluye el colectivo.