“Se me ha criminalizado sin motivo y sin venir a cuento; todo lo que pasé estos días, además de dañar mi imagen, me ha causado mucho daño moral: en las redes sociales han llegado a desearme la muerte”. Esas fueron, ayer, las primeras declaraciones a un medio de comunicación de la concejal socialista de Castrillón Carmen Piedralba, a la que la Federación Socialista Asturiana (FSA) suspendió cautelarmente de militancia y abrió un expediente informativo el pasado viernes para aclarar las circunstancias en las que se había vacunado contra el covid. Ayer, la FSA levantó las medidas disciplinarias tras verificar que Carmen Piedralba, de profesión auxiliar de enfermería y liberada por la UGT para el desempeño de funciones sindicales, había recibido la primera dosis de la vacuna sin valerse de privilegio alguno, sencillamente porque fue llamada a ponérsela como otros sanitarios que están eximidos de servicio activo pero que podrían ser movilizados por el Sespa. Argumento este con el que el Principado defiende la vacunación de liberados sindicales.
La explicación que ha dado la FSA al cierre del procedimiento investigador es la siguiente: “Tras la resolución técnica del Servicio de Salud del Principado de Asturias emitida en el día de ayer, ha quedado clarificado que la vacunación de Carmen Piedralba se ajustó, según el Sespa, al plan nacional de vacunación por su función de trabajadora sanitaria, aunque en este momento ejerza como liberada sindical, y no hubo, por tanto, ningún trato de favor derivado de sus responsabilidades institucionales”. Clarificadas las dudas que se habían planteado, el PSOE asturiano levanta la suspensión de militancia de Piedralba. La edil ha sido restituida a sus funciones políticas en Castrillón, en cuyo gobierno municipal dirige el área de Derechos Sociales.
Carmen Piedralba mantuvo desde el primer momento en declaraciones a este diario que su vacunación se ajustaba al protocolo establecido por el Sespa y que no se había valido de su condición de cargo público para obtener privilegio alguno. “Me llamaron para poner la vacuna, como a otros compañeros del Hospital San Agustín, y acudí; no hice nada ilegal”, manifestó la concejal cuando estalló la polémica.
Ayer, ya restituida en sus funciones y su militancia, hacía balance: “Siento cierta tranquilidad porque se ha hecho justicia, pero han sido unos días horribles. Me sentí instrumentalizada, usada para dar ejemplo. Las formas de la comunicación del expediente tampoco fueron las mejores: una llamada de teléfono, ni siquiera me mandaron un escrito aclarando las causas de mi suspensión de militancia y el procedimiento de defensa que me asiste. Incluso llegaron a hablar de someterme a un comité ético... En fin, un infierno”.
Desde el PSOE de Castrillón, la agrupación a la que pertenece Piedralba, el secretario general, David García, manifestó ayer su satisfacción por la conclusión del expediente de la concejala. “El Gobierno del Principado, como se viene demostrando a lo largo de toda esta pandemia, es un ejemplo de transparencia y cómo se ha tratado este asunto lo ejemplifica. También queremos destacar la figura de nuestra compañera Carmen, tanto en el ámbito laboral, en el sindical y en el político, donde siempre ha tenido una conducta de honradez intachable”, reza el comunicado que hizo público el PSOE castrillonense.
