El Colegio oficial de trabajo social de Asturias critica las trabas impuestas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los asturianos puedan acceder al ingreso mínimo vital. El Ministerio invalida los datos recabados y enviados por el Principado durante el verano por los que las familias perceptoras del salario social básico daban su autorización para que usaran sus datos para acceder al ingreso mínimo vital. Al Ministerio no le vale ahora ese trasvase de datos que desde la Consejería de Derechos Sociales se propuso para agilizar todos los trámites, teniendo en cuenta los problemas de estas familias a la hora de tramitar la documentación.

Los trabajadores sociales critican además que con esta marcha atrás en el trasvase de datos de un organismo a otro, las 9.000 familias que esperan por el pago del ingreso mínimo vital tendrán que empezar de nuevo todo el procedimiento de presentación de documentación, lo que entienden que es “una violación, una vez más, de los derechos de la ciudadanía más vulnerable”. En este sentido, explican que a las familias afectadas se les imposibilita el poder cobrar el ingreso mínimo vital con carácter retroactivo desde junio, con la merma económica que ello supone. Además, también supondrá un nuevo colapso en la Seguridad Social, así como en el sistema de Servicios Sociales, con la consiguiente sobrecarga para los profesionales de estos departamentos y “la deslegitimación de los profesionales de trabajo social a ojos de las personas usuarias que atendemos, ya que llevamos meses transmitiendo unas indicaciones que ahora son contravenidas”.

Denuncian también que las cuantías que se están concediendo del ingreso mínimo vital son, en muchos casos, inferiores a las que marca el Real Decreto, sin que se conozcan las razones de ello. Por todas estas circunstancias, exigen aque los políticos y gestores tomen partido en el asunto para garantizar los derechos de los ciudadanos en este sentido.