El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dado validez a la obligación de guardar aislamiento domiciliario de las personas diagnosticadas de covid-19 o que hayan sido considerados contacto estrecho de alguno de ellos, apoyando así la resolución del pasado 13 de enero de la Consejería de Salud sobre medidas de prevención, contención y coordinación frente al coronavirus. El auto judicial también ratifica la legalidad de ceder los datos personales y la localización a la Policía Nacional y la Guardia Civil para que comprueben que esas personas cumplen con la cuarentena que supone el confinamiento en sus domicilios.

Ante las dudas sobre la legalidad de la cesión de datos personales y de la vigilancia, la resolución de la Consejería de Salud ya especifica que la información que permite identificar a las personas contagiadas y a sus contactos estrechos serían "los mínimamente necesarios" para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, y que deben eliminarse una vez superado ese periodo. Según el Alto Tribunal en el Principado, las medidas son "proporcionadas y adecuadas a los fines perseguidos" y no comprometen el núcleo de otros derechos fundamentales o libertades.

La Fiscalía de Asturias ya había emitido un informe calificando de "necesarias, justificadas y proporcionadas" estas medidas, que suponen una limitación de los derechos fundamentales, para contener la pandemia en un escenario con un elevado número de contagios y la previsión de que se vaya a mantener durante varias semanas.

El auto del TSJA indica que las medidas adoptadas por el Principado cuentan con el "paraguas normativo" que ampara la adopción de medidas excepcionales y coyunturales por razón de salud pública, dado que se producen en medio de una "pandemia global muy grave que ha producido gran número de afectados y de fallecidos".

La resolución de la Consejería de Salud va acompañada además de un informe de la administración que, según el auto judicial, "goza de solvencia y objetividad, y revela la necesidad de atajar la tendencia" y la preocupante situación de transmisión comunitaria del coronavirus en el Principado y que el confinamiento domiciliario se ceñirá al periodo que vayan marcando los protocolos de vigilancia epidemiológica, sin que tenga un carácter ilimitado o responda a decisiones caprichosas.