La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, se estrenó ayer pilotando el Consejo Interterritorial de Salud con un mensaje claro: que nadie se cuele a los mayores y a los sanitarios que están en primera línea, “que nos cuidaron y que nos cuidan”. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron un documento en el que se habla de aplicar “medidas preventivas y correctivas”, pero sin concretar cuáles. Lo que sí descartó la Ministra es que se vaya a sancionar a quienes se hayan vacunado antes de tiempo.
El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, aseguró que en Asturias se “extremará el seguimiento, análisis y control” del proceso de vacunación, y que se “aplicarán las medidas necesarias para garantizar que los procesos de vacunación se hagan de acuerdo a la estrategia, porque no puede ser de otra manera”.
También anunció que el lunes llegará una nueva remesa de vacunas de Pfizer y también se distribuirá otra de Moderna. Daria incidió en que se mantiene el objetivo de que “en verano” esté inmunizada el 70 por ciento de la población.
El documento pactado ayer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas indica que se debe “extremar el seguimiento, análisis y control de la aplicación de la estrategia, evitando cualquier desviación, detectando, en su caso, el uso indebido de las vacunas y aplicando las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para garantizar que los procesos de vacunación se llevan a cabo de acuerdo con lo acordado en dicha estrategia”.
Darias indicó que “las personas que se vacunan fuera de su turno deben tener el rechazo social, pero la administración de una segunda dosis se debe decidir con criterios médicos”, ha dicho. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) advirtió de la necesidad de cumplir con los plazos establecidos para poner la segunda dosis, también a quienes se saltaron el protocolo.
“Son criterios técnicos, no políticos; el Sespa tiene que dar cuentas”, afirma Barbón
El presidente del Principado, Adrián Barbón, se desmarcó ayer de las normas establecidas por la Consejería de Salud para definir los colectivos prioritarios en el calendario de la vacunación contra el covid-19 en Asturias. Aseguró que no se trata de una decisión política, sino exclusivamente competencia del Servicio de Salud del Principado. Ante la polémica por la vacunación de equipos directivos sanitarios y de sindicalistas liberados, Barbón quiso ser rotundo, una vez más: “Ninguno de los 83 altos cargos del Gobierno, incluido yo, se ha vacunado, porque, si alguno lo hubiera hecho, el cese sería fulminante”. Según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, llamó personalmente a los miembros de su Gobierno para emplazarles a que no se vacunaran antes de tiempo.
Igual de tajante se mostró el Presidente para aclarar que él no tomó decisión alguna sobre el proceso de vacunación en Asturias. “Son criterios técnicos, no políticos. No es la opinión del Presidente, es una interpretación técnica que los equipos del servicio de Salud del Principado de Asturias hacen del plan nacional de vacunación”, declaró Barbón ayer en una entrevista radiofónica, donde le preguntaron también si él respaldaba el criterio de vacunación. Otra vez volvió a guardar distancia: “Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el Sespa tiene que dar cuenta de los criterios que ha aplicado para ponerlos a la luz y que sean objeto de debate”, manifestó Adrián Barbón, quien también dijo desconocer cuántos directivos sanitarios o liberados sindicales han recibido ya la vacuna contra el coronavirus. “Son datos que maneja el Servicio de Salud del Principado”, comentó Barbón, quien incidió en que esa decisión obedece “a una interpretación técnica que hace el Servicio de Salud del Principado y tendrá que dar cuentas de por qué y cómo la aplicó, con total transparencia, que es como se tienen que hacer estas cosas”. El Presidente asumió que “hay mucha preocupación en la gente” por esta cuestión y subrayó que el consejero de Salud, Pablo Fernández, ya “ha pedido comparecer para dar explicaciones”.
El principal partido de la oposición, el PP, exigió al Gobierno que depure responsabilidades ante “las irregularidades” en la vacunación de equipos directivos de la sanidad y de sindicalistas liberados, un hecho que juzgó “bochornoso”. La diputada Beatriz Polledo exigió “la dimisión inmediata” de la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, a la que acusó de “mentir” porque “se ha saltado el protocolo del Ministerio de Sanidad acordado con las comunidades autónomas” y “pretende justificar lo injustificable”. La diputada popular considera que “es hora de que la gerente del Sespa dé un paso atrás, ya no tiene credibilidad ante los asturianos para seguir al frente de este cargo en una situación tan crítica como la que vivimos. Y si la gerente no da ese paso, pediremos a Barbón que tome las medidas oportunas, ya que tanto alardea de contundencia”, concluyó la parlamentaria del PP.
Las matronas de Cangas del Narcea y las funerarias en Colunga exigen la inmunización
El servicio de matronas del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea reclama que se les considere personal de primera línea en la campaña de vacunación. Carlos Nava forma parte del equipo de cinco matronas que cuenta este hospital y ve injusto, incluso discriminatorio, que se les haya dejado fuera de la primera fase de vacunación. “Sabemos que la mayoría de matronas del Sespa ya les han puesto la vacuna, nosotros no tenemos ni fecha”, señaló. Explica que el servicio debe considerarse de primera línea al tener que prestar cuidados en el área de urgencias cuando llegan mujeres embarazas en avanzado estado de gestación al hospital.
El gerente de una funeraria de Colunga, José María Malga, reclama que los empleados del sector sean vacunados “por vía de urgencia”. Considera que el sector es “la última fase del sistema sanitario. Imagínense que las grandes funerarias de Asturias se infecten y tengan que cerrar por un contagio de un empleado, nadie va a poder realizar su trabajo”, advierte. Es más, abunda, “si este sector se colapsa, hará que todo el sistema entre en una debacle total”.
